Feminicida de Ingrid Escamilla es condenado a 70 años de cárcel

Esta es la primera vez, que se dicta una sentencia de 70 años de cárcel por el delito de feminicidio.

Después de dos años la familia de la joven Ingrid Escamilla, consiguió la justicia por su feminicidio, pues, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró condenar a Erick Francisco Robledo a 70 años de prisión, la mayor pena contemplada en la ley mexicana para este delito.

 

Esta es la primera vez, que se dicta una sentencia de 70 años de cárcel por el delito de feminicidio, la pena más alta que marca el código penal para la Ciudad de México.

 

“Obtuvimos una sentencia de 70 años de prisión en contra de Erick Francisco “N” luego de que nuestros ministerios públicos acreditaron ante la autoridad judicial su responsabilidad penal en el feminicidio de la joven Ingrid”, informó la Fiscalía a través de redes sociales.

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Quién fue Ingrid Escamilla

 

Ingrid Escamilla fue brutalmente asesinada el 9 de febrero de 2020. La joven, de 25 años de edad, fue asesinada por Erick Francisco, de 46 y  su supuesta pareja sentimental, quien la apuñaló en el cuello luego de una pelea.

 

El caso tuvo especial repercusión a nivel nacional debido a las imágenes que circularon en redes sociales, en las que se mostraban a la víctima con el cuerpo brutalizado.

 

Las imágenes de su cuerpo fueron difundidas posteriormente a través de las redes sociales y acapararon portadas de la mayoría de los periódicos sensacionalistas nacionales. Hasta la fecha, seis agentes continúan investigándose por la filtración de las fotografías.

Derivado de la filtración y difusión de las imágenes el Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada “Ley Ingrid”, un año después del feminicidio de la joven.

 

Dicha ley castiga con penas de hasta seis años de cárcel a las personas que distribuyan las imágenes de víctimas mortales por cualquier vía.

 

Actualmente, la Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma del Código Penal Federal, en la que se contempla penas de hasta 20 años a cualquier ciudadano que difunda, fotografíe, copie o publique cualquier evidencia de una investigación penal, una medida que ha provocado polémica respecto a la libertad de expresión e información en México.

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