En entrevista con El Popular: periodismo con causa, las afectadas relataron que Perea Iturriga ha desechado pruebas clave de violencia de género
Mujeres víctimas de violencia vicaria hicieron un llamado urgente al Gobierno del Estado de Puebla y al gobernador Alejandro Armenta Mier para que se realice una revisión exhaustiva del actuar de la jueza Luz María Perea Iturriga, quien actualmente se desempeña en los juzgados familiares de San Pedro Cholula. Las denunciantes señalaron que la jueza ha emitido resoluciones sin aplicar la perspectiva de género ni priorizar el interés superior de la niñez, lo cual ha derivado en decisiones que perpetúan la violencia y ponen en riesgo a las víctimas y a sus hijas e hijos. En entrevista con El Popular: periodismo con causa, las afectadas relataron que Perea Iturriga ha desechado pruebas clave de violencia de género y ha otorgado custodias provisionales y definitivas a presuntos agresores, sin valorar adecuadamente los contextos de riesgo. Estas decisiones, añadieron, han facilitado la continuidad de la violencia vicaria y han revictimizado a familias que ya enfrentan procesos legales marcados por violencia estructural. Por ello, exigieron al Ejecutivo estatal intervenir para garantizar que el sistema judicial actúe con enfoque de género, proteja a la infancia y respete los derechos humanos. También hicieron énfasis en que las autoridades deben evaluar los criterios judiciales aplicados en los juzgados familiares, especialmente en casos relacionados con violencia de género, para evitar que las instituciones se conviertan en cómplices de la impunidad. Preocupan posibles conflictos de interés por red familiar en el Poder JudicialLa polémica en torno a Luz María Perea Iturriga se intensificó luego de que se revelara que su familiar, Sandra Lucía Perea Iturriga, fue la única jueza sancionada en Puebla durante 2024. Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, Sandra Lucía recibió una suspensión de 30 días por no atender 10 alertas emitidas por el Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial, todas relacionadas con denuncias por violencia. El Consejo de la Judicatura consideró que su omisión constituyó una falta grave. En el momento de la sanción, Sandra Lucía Perea Iturriga estaba adscrita al Juzgado Tercero Auxiliar de lo Familiar en Puebla. Además, se ha identificado que otra hermana, Claudia Perea Iturriga, ha ocupado funciones como auxiliar en la oficialía mayor del Juzgado Primero de lo Civil, lo que ha generado preocupación sobre posibles conflictos de interés y redes familiares dentro del sistema judicial. Las víctimas concluyeron su pronunciamiento reiterando la urgencia de garantizar un sistema judicial sensible, imparcial y libre de prácticas que perpetúen la violencia contra mujeres y niñas.
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