Cada 8 de marzo, millones de mujeres toman las calles en distintas partes del mundo. La fecha, conocida como el Día Internacional de la Mujer, no es una celebración comercial ni un día para regalar flores: es una jornada de memoria, protesta, resistencia y exigencia de derechos humanos. Es un recordatorio de que los espacios conquistados fueron resultado de luchas sociales y de que aún persisten pendientes que necesitan ser nombrados, visibilizados y atendidos. El origen del 8M se remonta a inicios del siglo XX, cuando trabajadoras en Estados Unidos y Europa comenzaron a organizarse para reclamar jornadas laborales más justas, mejores salarios y el derecho al voto. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se propuso establecer un día internacional para visibilizar estas demandas. Te puede interesar: ¿Marchas este 8M? Aquí te dejamos algunas recomendaciones para hacerlo segura Años después, en 1917, mujeres rusas protestaron bajo la consigna “pan y paz”, una movilización que marcó un punto clave en la historia y ayudó a consolidar el 8 de marzo como fecha simbólica. En 1977, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente el día para promover la igualdad de género a nivel global, al reconocer la necesidad de reivindicar el papel de las mujeres en el mundo. Desde entonces, el 8M se convirtió en un espacio para evaluar cuánto se ha avanzado y cuánto falta por conquistar. Si bien hoy las mujeres tienen derechos que hace un siglo eran impensables, como votar, estudiar o participar en política, las desigualdades persisten en distintos ámbitos: laboral, social, económico y cultural. Por ello, las movilizaciones continúan siendo una herramienta de presión y visibilización. ¿Por qué se marcha en México?En México, las marchas del 8M han cobrado especial fuerza en los últimos años debido a la violencia de género. Colectivas y organizaciones han denunciado los altos índices de feminicidios, desapariciones y agresiones (físicas y psicológicas), así como la impunidad en muchos de estos casos. La exigencia central de las movilizaciones en estos casos es la justicia y garantías de seguridad para mujeres y niñas. Otra de las razones por las que se sigue marchando en el país es la desigualdad estructural. Las mujeres enfrentan brechas salariales, menor acceso a puestos de toma de decisiones y una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. En noviembre de 2025, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que en el país 29 millones de mujeres permanecen fuera de la economía remunerada, debido a factores como la calidad del empleo, la disponibilidad de servicios de cuidado infantil y para adultos mayores, los niveles de violencia, la brecha educativa y las desigualdades en el trabajo no remunerado. Te puede interesar: Diversidad de voces y formas de lucha marcarán el 8M en Puebla Las marchas también incluyen demandas relacionadas con las maternidades autónomas. Muchas mujeres señalan la ausencia de políticas de cuidado dignas, guarderías públicas accesibles y licencias de maternidad y paternidad que permitan una corresponsabilidad real. Otro reclamo emergente y cada vez más visible en las manifestaciones es la exigencia de una pensión alimenticia justa y efectiva, así como el acceso a procesos judiciales con perspectiva de género y de niñez, libres de revictimización. Además, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos se ha convertido en una demanda constante en varias entidades. Varias colectivas mantienen la exigencia de que las mujeres puedan decidir de manera libre, informada y sin violencia sobre su cuerpo y su proyecto de vida. Esto incluye el acceso a educación sexual integral, anticonceptivos, servicios de salud de calidad y la posibilidad de interrumpir un embarazo de forma legal y segura. Cabe destacar que, aunque en los últimos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido resoluciones que declaran inconstitucional criminalizar el aborto, en la práctica persisten barreras para acceder a este servicio en instituciones públicas, como la objeción de conciencia y la desinformación. |