En el marco del Día Internacional de las Mujeres, diversas colectivas y organizaciones defensoras de derechos de la infancia y de madres víctimas de violencia vicaria denunciaron presuntos actos de violencia institucional dentro del sistema de justicia en Puebla, al señalar irregularidades en juzgados familiares y penales que, aseguran, ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes. Integrantes de los colectivos Por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia, Kali Korima, Madres Viviendo Violencia Vicaria y Colectiva Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria emitieron un posicionamiento público en el que acusaron que, lejos de encontrar protección en las instituciones, muchas familias enfrentan revictimización, negligencia y decisiones judiciales sin perspectiva de género ni de niñez. Las organizaciones señalaron que en distintos procesos judiciales se repiten patrones preocupantes, como la revocación de guardas y custodias basada únicamente en declaraciones de los progenitores, sin peritajes ni investigaciones completas; la negativa a otorgar medidas de protección urgentes, incluso cuando existen indicios de violencia; y la reapertura reiterada de carpetas de investigación sin elementos probatorios, utilizadas —afirman— como mecanismos de presión contra madres protectoras. También denunciaron audiencias realizadas sin garantizar el derecho de defensa, convivencias forzadas entre niñas, niños y presuntos agresores, pese a existir denuncias de violencia, amenazas institucionales para obligar a madres a aceptar acuerdos bajo la advertencia de perder la custodia de sus hijas e hijos, así como constantes diferimientos de audiencias que prolongan los procesos judiciales. Te puede interesar: En Puebla, madres denuncian violencia vicaria y acusan omisiones del Poder Judicial Las colectivas advirtieron que estas prácticas no se tratan de hechos aislados, sino de una problemática estructural dentro del sistema judicial, donde persisten la falta de debida diligencia, la revictimización y la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión hacia quienes ejercen funciones jurisdiccionales. Además, señalaron que existe falta de coordinación entre los poderes Ejecutivo y Judicial en Puebla, lo que —dijeron— genera vacíos institucionales que terminan afectando el acceso a la justicia y la protección de las infancias. En el pronunciamiento también se mencionaron casos específicos en los que acusan irregularidades en actuaciones judiciales. Entre ellos, señalaron a la jueza Amada María Teresa Márquez Bermúdez, titular del Cuarto Juzgado Familiar de Puebla, a quien atribuyen decisiones de revocación de custodia basadas en denuncias sin integrar adecuadamente las carpetas de investigación, así como la negativa a otorgar medidas precautorias, pese a declaraciones de menores. Asimismo, mencionaron al juez de control penal Enrique López Criollo, a quien acusan de impedir el acceso a audiencia de una imputada y su defensa; al juez Joel Daniel Baltazar Ávalos, señalado por la reapertura reiterada de carpetas de investigación sin elementos; y al juez José Luis Arenas Juárez, a quien atribuyen contradicciones en resoluciones durante procesos por pérdida de patria potestad. En el posicionamiento también se mencionan decisiones judiciales atribuidas a la magistrada María de los Ángeles Muñoz Cortés, así como al juez Julio Vargas Domínguez, que —según las colectivas— habrían afectado procesos relacionados con convivencia y custodia, sin considerar contextos de violencia. Ante este panorama, las organizaciones exigieron al Poder Judicial de Puebla garantizar la aplicación obligatoria de la perspectiva de género y de niñez en todas las resoluciones, priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, investigar posibles conductas de negligencia o abuso de autoridad dentro del sistema judicial y establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas. También pidieron detener la criminalización de madres protectoras, evitar convivencias forzadas con presuntos agresores cuando existan denuncias de violencia, capacitar de forma permanente al personal judicial y ministerial en derechos de la infancia y violencia vicaria, así como transparentar las estadísticas de quejas contra personal del Poder Judicial. Las colectivas concluyeron que “la justicia que no protege a las infancias no es justicia”, y advirtieron que continuarán alzando la voz hasta que el sistema judicial garantice protección efectiva, verdad y acceso a la justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes.
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