Sábado 25 Julio 2026

A dos años de la despenalización de la interrupción legal del embarazo en el estado, el acceso a este derecho de salud pública enfrenta severos obstáculos estructurales. Un informe elaborado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y REDefine Puebla reveló que, pese al marco legal vigente, la atención médica médica padece de desigualdad geográfica, desabasto de insumos y el uso recurrente de métodos quirúrgicos no recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La falta de medicamentos e insumos en hospitales públicos de Puebla mantiene el uso del legrado uterino en cerca del 50% de las interrupciones legales del embarazo.

De acuerdo con el diagnóstico Hallazgos estatales: Aborto legal y seguro en Puebla, únicamente 14 hospitales públicos ofrecen el servicio de manera constante en un estado con 217 municipios.

Esta concentración obliga a mujeres de regiones como la Sierra Norte a recorrer largas distancias hacia la capital o cabeceras distritales, situación que empeora debido a la falta de personal médico especializado en hospitales de Zacatlán y Huauchinango.

El estudio alertó que, entre julio y diciembre de 2024, de los 840 procedimientos realizados por los Servicios de Salud estatales, el 49.8% se practicó mediante legrado uterino instrumental (LUI). La OMS considera este método quirúrgico como obsoleto y de alto riesgo para el primer trimestre del embarazo, recomendando en su lugar el aborto con medicamentos (mifepristona y misoprostol) o la aspiración manual endouterina (AMEU).

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El uso del legrado persiste debido al desabasto de medicamentos, la falta de kits de AMEU y la escasez de equipos de ultrasonido, lo que obliga a las usuarias a pagar estudios por su cuenta.

Finalmente, las organizaciones destacaron una falla crítica en la atención a víctimas de violencia sexual. Entre 2023 y 2024, el sistema de salud atendió a 186 mujeres y niñas con embarazos derivados de violaciones; sin embargo, solo un caso culminó en interrupción legal, lo que representa menos del 1% de atención efectiva, a pesar de que la ley mexicana no exige denuncia penal previa para este grupo vulnerable.