A casi tres semanas de que un juez federal ordenó reactivar la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el Gobierno Federal no ha reinstalado las mesas de trabajo para cumplir con la resolución judicial, denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). La organización informó que envió cartas a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de las Mujeres para exigir la reanudación inmediata de los trabajos y establecer una ruta de cumplimiento de la suspensión definitiva otorgada el 16 de julio de 2026 por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, dentro del amparo 1091/2026. El OCNF recordó que la resolución ordenó retomar la actualización del reglamento, particularmente en lo relacionado con el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), cuya reforma permanece pendiente desde 2022, pese a que ese año se realizó un proceso de consulta con organizaciones civiles, especialistas y académicas de 23 entidades federativas, del que surgió un proyecto de modificación construido de manera participativa. Además de reinstalar las mesas de trabajo, el observatorio pidió transparentar el destino de los más de 131 millones de pesos asignados para implementar las medidas derivadas de las Alertas de Violencia de Género y dar a conocer la ruta para ejercer esos recursos. Te puede interesar: Tribunal ordena reactivar reglamento de la Alerta de Género tras cuatro años de rezago La organización advirtió que la demora ocurre en un contexto de alta violencia contra las mujeres. Citó datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), según los cuales en 2025 fueron asesinadas 2 mil 795 mujeres, pero solo 25 por ciento de los casos fueron investigados como feminicidio. Además, actualmente permanecen vigentes 26 Alertas de Violencia de Género en 23 estados. El OCNF afirmó que continuará exigiendo la emisión del reglamento y el cumplimiento de la orden judicial, al considerar que un marco normativo fortalecido es indispensable para mejorar la prevención, atención y seguimiento de la violencia feminicida. |