Viernes 11 Septiembre 2026

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres alertaron por el aumento de feminicidios en Cuetzalan, Puebla, donde han sido documentados 10 casos entre el 22 de marzo de 2022 y el 2 de septiembre de 2026, y exigieron una respuesta inmediata de las autoridades estatales y municipales.

La Red de Organizaciones para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y la Equidad de Género en Nuestras Comunidades (RODMI), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Consorcio Oaxaca y la Red Nacional de Abogadas Indígenas señalaron que la violencia contra las mujeres persiste en la región pese a que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue decretada en Puebla hace siete años.

Isabel y María fueron halladas con heridas de arma punzocortante en Santiago Yancuitlalpan, Cuetzalan; sus casos son investigados como feminicidio.

Las organizaciones cuestionaron que, a pesar de esta medida, las condiciones de prevención, atención y acceso a la justicia continúan siendo insuficientes para las mujeres indígenas, particularmente ante la falta de instituciones con personal capacitado en perspectiva de género y pertinencia cultural.

Advirtieron además que desde diciembre de 2024 no existe claridad sobre las acciones implementadas ni sobre el uso de los recursos públicos destinados a la AVGM, por lo que demandaron transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades.

Ante los feminicidios registrados, exigieron fortalecer las medidas de prevención y seguridad para las mujeres en los municipios indígenas, así como garantizar investigaciones con perspectiva de género, debida diligencia y justicia para las víctimas y sus familias.

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También pidieron atención integral y culturalmente pertinente para las mujeres indígenas víctimas de violencia, además de la creación de un Plan Municipal de Emergencia contra la Violencia hacia las Mujeres y la asignación de presupuesto específico para prevenir, atender y erradicar este tipo de agresiones.

Las agrupaciones demandaron, asimismo, que las organizaciones de mujeres tengan una participación efectiva en las decisiones públicas relacionadas con la prevención y atención de la violencia de género.

Frente a los casos documentados, las organizaciones sostuvieron que la vida de las mujeres indígenas requiere una respuesta inmediata y resultados verificables de las autoridades, al advertir que “la vida de las mujeres indígenas no puede esperar”.