La acumulación de incidentes ambientales en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante 2026 ha vuelto a poner bajo el escrutinio público la gestión de riesgos de la empresa del Estado. Con al menos cinco derrames registrados en lo que va del año —incluyendo la fuga en Abkatún, en la Sonda de Campeche, y la reciente mancha aceitosa detectada este miércoles en la terminal marítima de Manzanillo—, especialistas y estudios académicos advierten sobre un patrón de opacidad institucional y una inversión insuficiente para revertir los daños en suelos y aguas del país. 
Un análisis detallado en el informe “La deuda ambiental de Pemex”, elaborado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, revela que las cifras oficiales suelen ser inconsistentes. El documento detalla que, entre 1997 y 2022, Pemex enlistó mil 83 reportes de derrames; sin embargo, monitoreos satelitales del Centro de Investigación del Golfo de México (CIGoM) demuestran que la realidad es mayor, promediando entre 20 y 30 fugas anuales. La investigación señala que la paraestatal ha logrado reducir artificialmente su inventario de terrenos afectados al deslindarse legalmente de la responsabilidad de diversos eventos, una estrategia que maquilla la tendencia creciente de hectáreas contaminadas y sin remediar. Te puede interesar: Remueven al director de Pemex a semanas de admitir derrame de crudo en el Golfo El costo financiero del abandonoLa magnitud del pasivo ambiental se refleja en las propias estimaciones de Pemex, que calcula un costo de 11 mil millones de pesos para atender las mil 385 hectáreas dañadas que reconoce formalmente. A este monto se suman 3 mil 500 millones de pesos exclusivos para la intervención de 40 presas de desechos de exploración, una cifra proporcionalmente alta que evidencia la complejidad técnica de limpiar estos depósitos.
La infraestructura de los campos petroleros en el Golfo de México supera los 30 años de vida útil, lo que eleva la vulnerabilidad a pérdidas de contención. Pese a este diagnóstico, la respuesta institucional suele ocurrir de manera reactiva ante la presión social y las denuncias de organizaciones no gubernamentales. El estudio advierte que México carece de un fondo económico de emergencia para la atención inmediata de contingencias por crudo y que existen comunidades en las regiones norte y sureste del país con zonas que han permanecido contaminadas por más de 60 años sin recibir atención. |