Un trabajo de inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) derivó en la suspensión de una explotación minera en Zacatlán, luego de que la autoridad detectara que los trabajos se realizaban sin acreditar las autorizaciones ambientales necesarias para operar en una zona forestal. La revisión se llevó a cabo en un predio de la comunidad de Metlaxixtla, donde personal de la dependencia federal encontró evidencias de extracción de feldespato, remoción de tierra y afectaciones al entorno natural. Durante la diligencia tampoco fue posible comprobar la legalidad de la tala de árboles realizada en el sitio. Ante las irregularidades, la Profepa ordenó la clausura total temporal de la mina y colocó los sellos de seguridad con folio PFPA/271/352/00020-2026, con lo que quedaron suspendidas todas las actividades mientras continúan las investigaciones. La dependencia explicó que el sitio carecía de autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo, requisitos indispensables para desarrollar este tipo de proyectos de extracción. 
Asimismo, recordó que la explotación minera realizada sin cumplir la legislación ambiental puede generar sanciones administrativas, además de responsabilidades por posibles delitos federales, por lo que anunció que mantendrá vigilancia permanente para evitar que los sellos de clausura sean retirados o violados. La intervención federal ocurrió después de que habitantes y organizaciones civiles denunciaran el ingreso de maquinaria pesada al paraje conocido como "El Ranchito", donde advirtieron que se desarrollaban trabajos extractivos sin permisos. Te puede interesar: Alertan por reducción de mapaches en Miramar; Profepa inicia investigación Los colectivos que promovieron las denuncias señalaron como presunto responsable de la operación al excandidato a la alcaldía de Chignahuapan, Juan Lira Maldonado, alias "El Moco". De acuerdo con estas organizaciones, personas presuntamente relacionadas con el exaspirante buscaron obtener el respaldo de habitantes para legitimar el proyecto, aunque aseguraron que no existían autorizaciones ambientales vigentes. Las denuncias fueron presentadas desde el 23 de junio, cuando activistas solicitaron a las autoridades revisar la legalidad de la mina y verificar si contaba con permisos para operar. Tras la inspección de la Profepa, los trabajos quedaron detenidos y el procedimiento administrativo continúa en curso. |