La próxima publicación del Reglamento de la Ley General de Economía Circular será determinante para definir cómo se aplicará esta política ambiental en México, por lo que organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incorporar mayores salvaguardas para proteger la salud, la biodiversidad y el derecho a un medio ambiente sano. Las organizaciones señalaron que la Ley General de Economía Circular fue aprobada sin un proceso suficientemente abierto y participativo, lo que dejó vacíos en materia de sustancias químicas, prevención de la contaminación y protección de la salud, además de mecanismos que, advirtieron, podrían favorecer intereses económicos por encima del interés público. Ante la próxima emisión del Reglamento, plantearon establecer mecanismos para identificar y eliminar progresivamente sustancias químicas peligrosas, así como criterios de sustitución sustentados en evidencia científica. También pidieron que tecnologías como la incineración, gasificación, pirólisis y coprocesamiento sean consideradas como última opción y que cualquier proyecto de valorización energética sea sometido a análisis de ciclo de vida completos e independientes. 
Otro de los puntos planteados es fortalecer la Responsabilidad Extendida del Productor para privilegiar la prevención, reducción, rediseño y reutilización, evitando que instrumentos como créditos plásticos o bonos de carbono sustituyan las obligaciones directas de los productores. Asimismo, exigieron reglas para prevenir conflictos de interés en la elaboración de criterios técnicos y metodologías, además de garantizar la participación y acceso a la información de comunidades, organizaciones civiles, academia y población potencialmente afectada por proyectos industriales. Las organizaciones también expresaron preocupación ante la posibilidad de que principios de economía circular sean vinculados con actividades extractivas como el fracking, debido a los riesgos asociados con el uso de agua y sustancias químicas. Te puede interesar: Habitantes de San José Chiapa muestran fauna endémica para rechazar el Polo de Desarrollo Consideraron que una política de economía circular debe prevenir la contaminación desde el origen y no convertirse en una vía para justificar actividades potencialmente contaminantes bajo la denominación de proyectos “circulares”. Como antecedente regional, en Puebla y Tlaxcala se encuentra en marcha el proyecto de instalación de Polos de Economía Circular. Sin embargo, comunidades de San José Chiapa, Puebla, y Atlangatepec, Tlaxcala, han expresado su rechazo a estos proyectos al señalar falta de estudios de impacto ambiental y advertir posibles afectaciones al agua, el territorio y los ecosistemas. Las organizaciones sostuvieron que el Reglamento representa una oportunidad para corregir los vacíos de la legislación y garantizar que la economía circular se implemente bajo los principios de prevención, precaución, progresividad y responsabilidad ambiental, sin trasladar los costos y riesgos ambientales a las comunidades ni a las futuras generaciones.
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