La contaminación de los ríos Atoyac y Zahuapan, entre Puebla y Tlaxcala, persiste como una de las principales problemáticas ambientales y de derechos humanos identificadas por Naciones Unidas en México. El relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, advirtió que estos cuerpos de agua están saturados de sustancias tóxicas descargadas por la industria y urgió al Estado mexicano a actuar sobre las fuentes de contaminación. El señalamiento forma parte de las conclusiones de la visita oficial que Orellana realizó a México en marzo de 2026 y de las recomendaciones que posteriormente presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Uno de los principales cuestionamientos del relator es que las acciones emprendidas hasta ahora no han logrado atacar el origen del problema. En particular, señaló que en la cuenca del Atoyac se construyeron 120 plantas potabilizadoras que actualmente están abandonadas o funcionan de manera parcial, lo que genera elevados costos de mantenimiento para los municipios. 
Para Orellana, la construcción de infraestructura que no resuelve la carga tóxica de los cuerpos de agua no constituye una solución integral. Por ello, planteó que México avance hacia un compromiso de “descarga cero” de contaminantes tóxicos provenientes de procesos industriales, mediante tecnologías que permitan limpiar y reutilizar el agua antes de devolverla a los ríos. El informe reveló que en el corredor que atraviesa Puebla y Tlaxcala se concentran alrededor de 22 mil industrias, cuyas actividades forman parte de las múltiples fuentes de presión sobre el sistema hídrico Atoyac-Zahuapan. La región, además, forma parte de las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) reconocidas por el Gobierno federal debido a la exposición de la población a contaminantes y sustancias tóxicas. Te puede interesar: ONU confirma contaminación tóxica en el Atoyac y evidencia crisis en Puebla y Tlaxcala Orellana destacó que el Gobierno de México ya reconoció la gravedad de la situación al incluir las cuencas del Atoyac, Lerma-Santiago y Tula en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, con acciones de saneamiento y restauración. Sin embargo, pidió que las inversiones sean transparentes y que los proyectos se ejecuten con participación de las comunidades afectadas. El relator también advirtió que la contaminación del Atoyac debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos y salud, debido a la exposición de las poblaciones que viven en las zonas afectadas. Durante su misión recibió información sobre los impactos sanitarios asociados con la exposición a sustancias tóxicas y sobre la falta de atención suficiente a estas problemáticas desde el sector salud. Además, cuestionó que las comunidades sean colocadas en la posición de tener que remediar por sí mismas los daños ambientales. El principio que debe prevalecer, sostuvo, es que quien contamina paga, con responsabilidad de las empresas para prevenir, mitigar, monitorear y reparar los daños ocasionados. 
Es preciso recordar que el Gobierno federal y los estados de Puebla y Tlaxcala anunciaron una inversión conjunta de 2 mil 755 millones de pesos entre 2025 y 2026 para el saneamiento integral del Atoyac, como parte del Plan Hídrico Nacional. De ese monto, 567 millones de pesos fueron asignados en 2025 y más de 2 mil 188 millones se proyectaron para 2026, con acciones como la rehabilitación de plantas de tratamiento abandonadas y la construcción de nuevos colectores pluviales y sanitarios. No obstante, Naciones Unidas sostuvo que las acciones implementadas hasta ahora no han sido eficaces para contener la contaminación tóxica de la cuenca. El propio relator cuestionó el estado de la infraestructura existente y planteó que el saneamiento debe ir más allá de mantener o construir plantas, para detener desde el origen las descargas industriales contaminantes y avanzar hacia la meta de “descarga cero”.
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