Un total de 40 organizaciones, colectivos, comités y grupos comunitarios de Tlaxcala y Puebla rechazaron la instalación de nuevos tiraderos a cielo abierto, los proyectos denominados Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) y la privatización del manejo de residuos sólidos, al considerar que estas alternativas trasladan los costos de la crisis de la basura a los municipios y las comunidades, sin resolver el problema desde su origen. En un posicionamiento, la Asamblea Comunitaria Socioambiental de Tlaxcala sostuvo que ningún PODECIBI es sustentable y exigió a los gobiernos estatales y municipales implementar un modelo de Basura Cero, además de reparar los daños ambientales ocasionados por los tiraderos clausurados y ofrecer una disculpa pública a los habitantes de San Pedro Ecatepec por la represión policial del pasado 24 de junio. 
Las organizaciones recordaron que el basurero de Atlangatepec, último tiradero a cielo abierto que operaba en Tlaxcala, recibía aproximadamente mil 475 toneladas diarias de residuos provenientes de los 60 municipios, por lo que su cierre obliga a las autoridades a emprender trabajos de remediación ambiental conforme a las disposiciones legales y las exigencias comunitarias. También manifestaron su respaldo a las comunidades de Tetla y Tlaxco, ante la presencia de camiones de basura resguardados por granaderos y el riesgo de represión durante las protestas contra la imposición de proyectos de disposición de residuos. Asimismo, expresaron su solidaridad con los habitantes de San José Chiapa, Puebla, quienes acumulan más de 125 días de resistencia contra la instalación de un PODECIBI. Te puede interesar: Crece tensión en San José Chiapa ante presunto arranque del Podecibi; pobladores denuncian hostigamiento En el documento, cuestionaron que el gobierno de Tlaxcala y la Secretaría de Medio Ambiente hayan trasladado a los ayuntamientos la responsabilidad de resolver el destino de los residuos tras el cierre de Atlangatepec, limitándose a proporcionar directorios de tiraderos privados. Advirtieron que esta alternativa representa mayores costos para los presupuestos municipales, que podrían traducirse en incrementos de impuestos o en la reducción de recursos destinados a otras obras y servicios públicos. Además, señalaron que el modelo privilegia a la iniciativa privada, no garantiza la reducción de basura desde su origen y mantiene a las comunidades sin información suficiente sobre los estudios técnicos y las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos. Las agrupaciones también responsabilizaron a los gobiernos estatal y municipales por el colapso del sistema de manejo de residuos, al señalar que incumplieron durante años sus obligaciones legales. Recordaron que el artículo 115 constitucional establece que los municipios deben garantizar la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, mientras que la legislación estatal les atribuye facultades para desarrollar programas de gestión integral y atender la contaminación. 
Entre sus exigencias destacan la implementación del programa Basura Cero, la elaboración de planes municipales de manejo de residuos bajo ese modelo y la participación de comunidades, especialistas y organizaciones civiles en las decisiones ambientales. También pidieron incluir a los pepenadores en el nuevo esquema, garantizar sus ingresos y dignificar su actividad. Asimismo, demandaron consultas públicas previas, amplias e informadas, que las autoridades municipales y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) no se deslinden de sus responsabilidades, y que el servicio de manejo de residuos no sea privatizado. El posicionamiento también exhortó a la población a separar sus residuos, elaborar composta, reducir el consumo de productos innecesarios y evitar materiales desechables, como bolsas de plástico, popotes y unicel.
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