Este lunes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos actualizó los criterios para que niños migrantes víctimas de abuso, negligencia, abandono o maltrato por parte de los padres puedan acogerse, a partir de mayo, a la residencia permanente legal.

“Tomamos medidas para ayudar a los niños migrantes en Estados Unidos que han sido abusados o abandonados, y para ofrecerles la protección que les ayude a reconstruir sus vidas. Estas políticas proporcionarán una ayuda humanitaria a los jóvenes vulnerables para quienes un tribunal juvenil haya determinado que es mejor para sus intereses que permanezcan en Estados Unidos”, dijo Ur Jaddou, directora de USCIS.

Estas normas entrarán en vigencia el 6 de mayo, e incluirán una actualización del requisito de edad de manera que ahora quedan protegidos de deportación los solicitantes que cumplan 21 años de edad mientras está en trámite su gestión.

Asimismo, USCIS modificó sus requisitos de evidencias para asegurar que los menores de edad, víctimas de abuso por parte de sus mayores, o de negligencia y abandono reciban del tribunal juvenil una clasificación que les permita avanzar hacia la residencia legal permanente.

Hasta ahora, los migrantes menores de edad que llegan a la frontera estadounidense sin compañía de adultos responsables y son detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) deben ser transferidos en un plazo de 72 horas al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

Esta agencia, depende del Departamento de Salud, les da albergue y cuidados a los menores hasta que se localicen dentro de Estados Unidos a familiares u otros adultos que se hagan responsables.

En el último conteo, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras tenía a 469 menores de edad bajo su custodia y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados tenía otros nueve mil 938 niños bajo la suya.

La administración de Joe Biden ha seguido aplicando la polémica norma sanitaria conocida como Título 42 para rechazar en la frontera a los migrantes a quienes se considera una amenaza para la salud pública pero, a diferencia de la Administración de Donald Trump, se permite el ingreso de los menores no acompañados.