Lo que la policía no te quiere contar sobre las drogas en Puebla
Una estrategia de criminalización que ha alcanzado por igual a personas usuarias y no usuarias de sustancias psicoactivas.
A Arte lo detuvo la policía estatal una mañana de enero de 2021 en el fraccionamiento Los Héroes, al sur de la ciudad de Puebla. Arte es productor de música y esa mañana llevaba una pipa con dos o tres gramos de cannabis. Después de una hora de tortura e interrogatorio, Arte pasó a ser presentado con alias y cargos por posesión de narcóticos que no eran suyos. Una fotografía de Arte con el rostro difuminado se publicó en por lo menos 13 medios de comunicación, que reprodujeron de forma íntegra un comunicado emitido por la policía. El cibernarco —decían— había sido localizado gracias a “labores de inteligencia”. En todo ese año, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo en la ciudad de Puebla a 256 personas por delitos contra la salud. En los comunicados que emitió por cada una de esas detenciones, la policía estatal dijo que el 80% estaban vinculados con grupos delictivos o eran considerados vendedores y distribuidores de droga. Porque entre esos comunicados plagados de alias, rostros anónimos y nombres de supuestos grupos criminales, se oculta un modus operandi extendido entre policías y ministerios públicos. Una estrategia de criminalización que ha alcanzado por igual a personas usuarias y no usuarias de sustancias psicoactivas. Una política que no distingue entre colores de partidos y que se ha utilizado para detener a personas jóvenes, sobre todo hombres en sus veintes, procedentes de colonias marginadas por la falta de oportunidades. Hombres a los que se puede sembrar sustancias, armas o alias, sólo para engrosar estadísticas, informes y, sobre todo, una narrativa: la supuesta guerra contra las drogas. Sólo en la capital del estado, 2 mil 106 personas fueron detenidas entre 2018 y 2021 por actividades relacionadas con sustancias psicoactivas, como posesión simple y supuesta venta y distribución. En las cárceles del estado, sin embargo, sólo 83 personas estaban recluidas por alguna de estas actividades; y tres de cada cuatro estaban allí por posesión simple, según un censo del Inegi realizado en 2020. Esto se debe a que las leyes en México son suficientemente contradictorias para permitir que los ministerios públicos decidan el proceso de las personas detenidas bajo criterios discrecionales, y muchas veces también después de haberles torturado y amenazado. La Ley General de Salud y el Código Penal Federal permiten la portación de cantidades determinadas de marihuana, cocaína, heroína, LSD, metanfetamina y otras sustancias. En el caso del cannabis, una persona puede llevar hasta 5 gramos sin ser detenida. Si supera esta cantidad se incurre en posesión simple de drogas, un delito del que se han valido policías y agentes por igual para detener a quien sea. Con este delito no necesitan comprobar ante el ministerio público que esa sustancia será vendida o distribuida. A veces, ni siquiera necesitan que exceda el límite permitido de portación.
¿Guerra contra las drogas o discriminación sistemática y sostenida? “¿Cómo podemos saber que un policía sabe que yo poseo más de 5 gramos de cannabis o si poseo 10?”, se pregunta Adriana Muro, directora de Elementa DDHH, una organización feminista que trabaja para la construcción y fortalecimiento regional de los derechos humanos en México y Colombia. Y continúa: “Ahí es donde se dan todas estas prácticas de extorsión y de siembra en contra de las personas usuarias. Porque yo puedo traer 5 gramos, pero si me siembran 10 o 100 me pueden llevar al ministerio público, ahí es donde la cosa se complica”. Renata Demichelis Ávila, coordinadora de la Oficina en México de Elementa DDHH, sostiene que si el delito de posesión simple de sustancias psicoactivas no se ha eliminado en el país es porque es la forma perfecta para sostener la versión del supuesto éxito de la guerra contra las drogas y el narcotráfico. “Este tipo de prácticas, de presentarlo siempre de este modo en los medios, es justamente para justificar y sostener un éxito que claramente no existe, hay un rotundo fracaso de la guerra contra las drogas en nuestro país”, insiste. El informe Prisión por posesión: el papel de del delito de posesión simple en la guerra contra las drogas en México, elaborado por Elementa DDHH, señala que hasta 2019 había en el país 5 mil 661 personas privadas de la libertad con sentencia y mil 787 más en prisión preventiva sólo por este delito. “Estas cifras muestran que se mantiene el uso de la medida cautelar más restrictiva para un delito como el de posesión simple, el cual no tiene víctima, ni riesgo de que la persona investigada obstaculice el procedimiento”, señala el informe. En varias de las detenciones, se observa el perfil del detenido influye mucho. Esto está relacionado a la apariencia, a ser joven, racialización y género. Entre las cifras disponibles se sabe que el 46% de las personas detenidas en los últimos cuatro años en Puebla tenían entre 18 y 29 años. Sólo el 5% eran menores de edad. Sin embargo, en este análisis hay un gran vacío de información, pues las autoridades omitieron dar a conocer la edad del 57% de las 2 mil 106 personas consignadas en este periodo. Si algo revelan las cifras disponibles es que las detenciones ligadas a la posesión simple no se realizan al azar. Los operativos están focalizados, sobre todo, en colonias con muy bajas condiciones de vida. En Las Cuartillas, una colonia al norte de la ciudad de Puebla con 2 mil 594 habitantes, han sido detenidas 130 personas, el mayor número registrado en estos cuatro años, con una tasa de 501 personas detenidas por cada 10 mil habitantes. En el Centro Histórico, la segunda zona con más casos, la tasa de detenciones es de 66 por cada 10 mil habitantes. En la Unidad Habitacional San Bartolo, un Infonavit al sur de la ciudad que es la tercera zona con más detenciones, la tasa es de 50.7 detenciones por cada 10 mil habitantes. Estas tres zonas son, de acuerdo con la Secretaría de Economía del gobierno de Puebla, colonias con un grado muy bajo de oportunidades para sus habitantes, debido a la poca cobertura de servicios de salud, el bajo nivel de escolaridad y de ingresos y gastos. En colonias con mayores privilegios, la tasa de detenciones es mucho más baja. En Jardines de San Manuel, por ejemplo, una colonia con un mejor índice de oportunidades, habitan 11 mil 561 personas, pero sólo se han realizado 8 detenciones. Es decir, seis detenidos por cada 10 mil habitantes. En opinión de Romina Vázquez, coordinadora del Instituto RIA, una organización mexicana que incide en las políticas públicas bajo un marco de justicia social, esto ocurre en Puebla como ocurre en todo el país: “Las prisiones están llenas de personas racializadas. Hay una narrativa de que personas con cierto perfil son sospechosas. Eso refleja mucho el racismo que existe en el mundo en general, pero en nuestro país en específico”. Y lo secunda Renata Demichelis, de Elementa DDHH: “Está más asociado a una persecución dirigida contra hombres que además tienen ciertas características, hombres jóvenes de cierto sector socioeconómico que han atravesado un montón de discriminación estructural también en otros sentidos”.
Nadie vigila a los vigilantes. De acuerdo con un reporte elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, la Unidad de Asuntos Internos de la policía municipal archivó el 84.8% de las mil 299 quejas y denuncias por presunto abuso o mal desempeño policial que recibió entre 2018 y septiembre de 2021. Sólo 124 expedientes fueron turnados a órganos colegiados, pero la mitad de los casos terminaron en una suspensión que duró en promedio 15 días. Apenas el 1.2% de las denuncias terminaron en la remoción de los policías involucrados. En el caso de Juan Carlos, la Unidad de Asuntos Internos nunca lo entrevistó ni a él ni a su familia, pero, en cambio, declaró que los actos de tortura denunciados ya habían prescrito. La falta de entrevistas a las víctimas es algo que suele suceder en estas denuncias, de acuerdo con el reporte Supervisión Externa de la Policía Municipal de Puebla, un programa piloto que permitió al consejo ciudadano supervisar el actuar de la Unidad de Asuntos Internos. Resulta por lo menos paradójico que todo esto ocurra en Puebla mientras a nivel nacional la Corte despenaliza el uso lúdico del cannabis y el Senado avanza hacia su regulación. Incluso se ha aprobado una Ley de Amnistía a nivel federal que puede beneficiar a personas encarceladas por el delito de posesión simple. “Vemos que a nivel local predominan un montón de discursos que no necesariamente se están viendo en la capital del país, porque a lo mejor se consideran superados, pero que en estados de un corte más conservador todavía no sucede”, recalca Renata Demichelis Ávila. Sólo algunas pequeñas organizaciones en Puebla han constituido un movimiento incipiente que exige la despenalización de la marihuana y el cese de la criminalización a las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Han mantenido frente a la sede de la fiscalía local un plantón cannábico desde principios de 2021, en el que organizan talleres de autocultivo y charlas informativas. Es usual escuchar en el plantón los rastros de la criminalización, testimonios de chicos a los que les sembraron drogas o armas. Historias de torturas, de policías corruptos, de procesos penales. Voces en sordina sobre una guerra que nadie parece haber ganado.
POR MARIO GALEANA, GUADALUPE JUÁREZ y CARLOS GALEANA de Manatí.mx (Extraído de la investigación: Puebla: lo que la policía no te cuenta sobre las drogas) Feliz 4/20
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