Después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhibiera a la entidad poblana por no contar con una ley estatal de protección a periodistas, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer el protocolo que deberá llevarse a cabo  para la investigación de presuntos delitos en contra de periodistas y activistas de derechos humanos, en el que resalta que la víctima podrá solicitar la atracción de su caso a las autoridades federales.

El documento, fue publicado el miércoles en el Periódico Oficial del Estado (POE), y entró en vigor este jueves, en el cual se estipula que agentes y peritos de la fiscalía local realicen, de manera profesional y respetuosa de los derechos humanos, las pesquisas relacionadas con los mencionados tipos de delitos y víctimas.

Además, trata de evitar o anular la revictimización de periodistas y activistas, al definir con claridad a quienes desempeñan labores informativas o defienden causas sociales.

El escrito también menciona los casos graves, es decir, cuando la vida o integridad física del ofendido esté en riesgo real, que impacte en el ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión, además de que trascienda el ámbito del estado de Puebla, entre otros puntos.

Además, el documento menciona que las investigaciones de ese tipo de hechos aparentemente delictivos podrán iniciarse no solamente por una denuncia de la víctima, también por una denuncia de algún colectivo, o agrupación que defienda los derechos humanos.

Incluso las denuncias podrán iniciar derivadas de alguna nota periodística o denuncia ciudadana realizada por medio de las redes sociales o los medios de comunicación.

Cabe señalar que el informe “La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste”, de Articulo 19, indicó que de enero a junio de 2022, en el estado de Puebla se registró un total de 16 agresiones a periodistas, lo que ubicó a la entidad en la octava posición por sumar más hechos de este tipo.