Uno de los afectados es Saburo Kita, que fue sometido a una esterilización forzada a la edad de 14 años.
Luego de que entre 1948 y 1996 más de 16.000 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento por el gobierno japonés, el Tribunal Supremo dictaminó que la ley que permitió este procedimiento era inconstitucional.
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El Tribunal Supremo ha dictaminado que la ley violaba el artículo 13 de la Constitución, que protege a las personas de procedimientos físicamente invasivos contra su voluntad; así como el artículo 14 que estipula el derecho a la igualdad. Uno de los afectados es Saburo Kita, que en ese entonces vivía en un internado para niños con problemas de conducta y fue obligado a someterse a una vasectomía a la edad de 14 años. "Pasé 66 años agonizantes por culpa de la cirugía del gobierno. Me robaron la vida y quiero que me la devuelvan", dijo este hombre que ahora tiene 81 años. Durante varias décadas, el gobierno japonés se negó a asumir su responsabilidad mientras las víctimas vivían con graves secuelas físicas y emocionales lamentando su destino. Japón se vio obligado a afrontar su pasado en 2018, cuando una mujer de unos 60 años demandó al gobierno por un procedimiento al que fue sometida a los 15 años debido a una discapacidad intelectual, lo que provocó una avalancha de demandas similares. En 2019 se aprobó una ley que estipulaba un pago único de ¥3,2 millones (aproximadamente £15.750 hoy) para cada víctima, pero estos se negaron y dijeron que no correspondía a la gravedad de su sufrimiento. |