Personas con discapacidad padecen exclusión en espacios educativos

Arturo, un estudiante de 11 años con movilidad reducida, y su familia enfrentan una problemática que afecta a muchos alumnos en todo el mundo: la falta de accesibilidad en las instituciones educativas.

El caso del CEIP Voramar en Alicante es un ejemplo de cómo las barreras arquitectónicas pueden impactar negativamente la experiencia educativa de un niño. La accesibilidad es un derecho fundamental que permite a todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades físicas, acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones.

La situación de Arturo, quien debe ser llevado a su clase en brazos de su madre debido a un ascensor averiado, es una clara violación de este derecho. No solo representa un desafío físico y emocional para él y su familia, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una infraestructura adecuada y de un mantenimiento constante en las escuelas.

Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deben ser espacios inclusivos donde todos los estudiantes puedan moverse libremente y con seguridad. Esto incluye la instalación y el mantenimiento de ascensores, rampas y otros dispositivos de accesibilidad. Además, es esencial que los gobiernos locales y nacionales asignen recursos suficientes para garantizar que estas instalaciones estén disponibles y en buen estado de funcionamiento.

El caso de Arturo también subraya la importancia de la comunicación y la acción rápida por parte de las autoridades responsables. La demora en la reparación del ascensor no solo afecta la educación de Arturo, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la priorización de las necesidades de los estudiantes con discapacidad.

Personas con discapacidad padecen exclusión en espacios educativos

La Organización Panamericana de la Salud define a las personas con discapacidad como aquellas que tienen alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, lo que obstaculiza su autonomía en la vida.

La infraestructura en los espacios educativos disponible para las personas con alguna discapacidad no solo consiste en rampas o elevadores para quienes utilizan silla de ruedas, sino que también involucra materiales accesibles y asistencia de otras personas para realizar actividades.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población total del país.

Las personas con discapacidad también pueden enfrentar discriminación en otros espacios públicos, como al buscar empleo o en centros de salud. Se reconoce que, para que las personas con discapacidad tengan una vida más autónoma, es necesario tomar medidas que aborden estas cuestiones de accesibilidad. Esto incluye no solo la reparación y el mantenimiento de las instalaciones existentes, sino también la consideración de la accesibilidad en el diseño de nuevas instituciones educativas.

Al hacerlo, podemos asegurar que todas las personas con discapacidad, como Arturo, tengan la oportunidad de aprender y crecer en un entorno que respete y apoye sus necesidades.