El 90% de los abortos legales se realizaron en el Hospital de la Mujer; 17 fueron consecuencia de violencia sexual
A un año de la despenalización parcial del aborto en Puebla, que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta la semana 12.6 de gestación, la Secretaría de Salud del estado ha registrado 388 procedimientos legales, de los cuales 17 fueron consecuencia de violencia sexual. Colectivos feministas y organizaciones civiles destacan el avance, pero también advierten que persisten obstáculos legislativos, sanitarios y sociales. Según datos recopilados por activistas, el 90% de los abortos legales se realizaron en el Hospital de la Mujer, al que reconocen por su disposición institucional. Sin embargo, denuncian falta de insumos médicos, desabasto de medicamentos clave, carencia de ultrasonido y atención insensible, principalmente en unidades del IMSS. Las organizaciones Redefine Puebla, Cafis AC, Ddeser Puebla y Red La Morada hicieron un llamado para derogar el delito de aborto del Código Penal local y reformar la Ley Estatal de Salud, a fin de tratar la ILE como una política de salud pública y no desde el ámbito penal. "El acceso legal existe, pero no es suficiente si el servicio está centralizado, el personal no está capacitado o persiste la criminalización social", señalaron las voceras. Por ello, instaron a los legisladores a impulsar iniciativas que garanticen la capacitación del personal médico, así como la descentralización del servicio para asegurar igualdad de acceso en todo el estado. Detallaron que han tenido acercamientos con la presidenta del congreso, Laura Artemisa y que seguirán tocando puertas para conseguir estos derechos. Las colectivas también denunciaron la existencia de clínicas falsas que engañan a las mujeres con información errónea y prácticas hostiles para disuadirles de abortar. Además, expresaron su preocupación por el número creciente de embarazos infantiles y las marcadas diferencias de edad entre menores embarazadas y sus parejas, lo que refleja una urgente necesidad de políticas públicas para prevenir la violencia sexual y fortalecer la educación sexual integral. Pese a los avances legales, las activistas coinciden: la lucha no ha terminado. El próximo paso, aseguran, es garantizar que el derecho al aborto seguro, legal y gratuito se ejerza sin barreras, criminalización, ni violencia. |