La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió siete acciones de inconstitucionalidad en 2025 en contra de leyes aprobadas por el Congreso de Puebla, entre las que sobresale la impugnación contra el delito de ciberasedio tipificado en el artículo 480 del Código Penal del Estado. Así lo señala el informe de actividades 2025 presentado por la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, el pasado 26 de enero ante diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El organismo informó que se encuentran en trámite las investigaciones por dos casos de presuntos actos de tortura o penas crueles, inhumanos o degradantes en centros penitenciarios de Puebla, tras ejercer la facultad de atracción. Las quejas derivan de las visitas de supervisión penitenciaria del Diagnóstico Nacional 2025. Además, el informe señala que la Dirección de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes en Reclusión visitó los centros penitenciarios de la entidad, con el objetivo de atender al máximo posible de población indígena y afrodescendiente privada de la libertad para la protección y defensa de sus derechos humanos. Te puede interesar: Puebla acumula 179 quejas ante la CNDH por abusos de autoridades en 2025 CNDH visitó cárceles poblanas para detectar posibles actos de torturaLa CNDH realizó nueve visitas a las cárceles poblanas para detectar posibles actos de tortura o maltrato, mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT). Además, en junio de 2024 el mecanismo realizó visitas de supervisión al Centro Femenil de Ciudad Serdán para conocer las condiciones en las que viven las mujeres privadas de la libertad. Identificó una deficiente atención médica y falta de servicios especializados de ginecología y pediatría para la atención de sus hijos e hijas, así como limitaciones en la comunicación con personas defensoras y en la convivencia con niñas y niños. Por esa razón, la CNDH recomendó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González; al subsecretario de Centros Penitenciarios, Adán Méndez García; la titular del Instituto Especializado de la Defensoría Pública, Inés Laura López Martínez, y a la LXII Legislatura del Congreso de Puebla, que establecieran mecanismos de comunicación efectiva, periódica y gratuita con el exterior, a través de llamadas telefónicas o videollamadas. Respecto a las acciones de protección y defensa, el informe subraya que se canalizaron 927 expedientes para su debida atención a los organismos públicos de derechos humanos de los estados, principalmente en el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Jalisco y Michoacán. |