La organización ARTICLE 19 documentó ocho agresiones contra la prensa durante los operativos federales y hechos violentos registrados en distintas entidades del país, en relación con la captura del líder criminal "El Mencho" en Jalisco. De acuerdo con su informe, los casos se registraron en Guanajuato (2), Jalisco (2), Tamaulipas (2), Michoacán (1) y Sinaloa (1). Una agresión adicional en Nayarit permanece en proceso de documentación. Según la organización, los hechos estarían vinculados a grupos del crimen organizado o a personas no identificadas. Denuncias del SNRPEl Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) informó sobre ataques, intimidaciones y restricciones contra periodistas que cubrían hechos posteriores a un operativo federal contra el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, conocido como “El Mencho”. Entre los casos reportados se encuentra la privación ilegal de la libertad de un reportero independiente en Arandas, Jalisco, quien fue interceptado por hombres armados mientras realizaba una transmisión en vivo sobre bloqueos. El periodista fue liberado horas después; sus equipos de trabajo fueron retenidos. El sindicato señaló que durante la jornada se registraron diversos obstáculos a la labor informativa en distintos puntos del país. Te puede interesar: ¿Por qué hay bloqueos e incendios tras la muerte de un capo como “El Mencho”? Pronunciamiento internacionalLa Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) manifestaron su preocupación por las agresiones denunciadas y solicitaron garantías para el ejercicio del periodismo. Ambas organizaciones señalaron que el Estado tiene la obligación de prevenir, proteger e investigar ataques contra periodistas, así como de generar condiciones seguras para la cobertura de hechos de alto riesgo. También expresaron su solidaridad con el SNRP y con las y los comunicadores afectados.
Por su parte, Amnistía Internacional indicó que la escalada de violencia en distintos puntos del país incrementa los riesgos para la población civil, incluidas personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hizo un llamado a las autoridades para garantizar la vida, integridad y seguridad de quienes ejercen la libertad de expresión. Las organizaciones coincidieron en la necesidad de fortalecer medidas de protección y protocolos de seguridad para la cobertura de hechos violentos.
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