Organizaciones de derechos humanos y acompañamiento a familias de personas desaparecidas expresaron su preocupación tras la presentación de avances del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al advertir que la estrategia oficial podría distorsionar la dimensión real de la crisis en México. En un posicionamiento conjunto, señalaron que en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%, utilizar exclusivamente las carpetas de investigación como base para medir las desapariciones representa una lectura incompleta del fenómeno. Subrayaron que condicionar la búsqueda a la apertura de estos expedientes no solo limita las acciones institucionales, sino que merma el derecho de todas las personas a ser buscadas. Las organizaciones indicaron que, ante la falta de claridad metodológica, persisten dudas sobre la reducción en las cifras oficiales de personas desaparecidas. Recordaron que desde el inicio de la crisis de violencia en 2007 han existido intentos institucionales por minimizar la magnitud del problema, y advirtieron que enfocar la desaparición como un asunto meramente administrativo constituye una decisión que invisibiliza a las víctimas. En el documento, también cuestionaron la narrativa que presenta como novedad la supuesta obligatoriedad de abrir carpetas de investigación, al precisar que esta disposición existe desde la entrada en vigor de la ley general en 2017. Afirmaron que el verdadero obstáculo radica en malas prácticas, corrupción y omisiones sistemáticas dentro de las fiscalías, donde en ocasiones se evitan denuncias o se reclasifican los casos, lo que impacta directamente en los registros oficiales. Te puede interesar: Amnistía Internacional México reconoce avances, pero señala fallas en estrategia de búsqueda de desaparecidos Asimismo, manifestaron preocupación por declaraciones que aseguran que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, sin que se haya transparentado la metodología utilizada. Alertaron que este tipo de mensajes puede contribuir a minimizar la gravedad de la crisis y diluir la responsabilidad del Estado frente a las familias. Finalmente, las organizaciones rechazaron la idea de que el Estado sea un actor ajeno al problema y advirtieron que reducir las desapariciones a la acción del crimen organizado omite posibles responsabilidades institucionales, incluidas la participación directa o la aquiescencia de autoridades en casos que permanecen en la impunidad. |