Por segunda ocasión, organizaciones y personas con discapacidad convocaron a la entrega formal de una carta respaldada por más de 800 firmas para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que defina los criterios sobre cómo debe garantizarse el derecho a la consulta. La entrega se realizará el 15 de abril a las 13:00 horas en la sede de la Corte, en un acto público con el que dichos colectivos reclaman que, a seis meses de la audiencia pública realizada en octubre de 2025, el expediente sigue sin resolverse. En aquella audiencia, ministras y ministros escucharon durante 15 horas a 84 personas con discapacidad, especialistas y organizaciones sobre la necesidad de establecer criterios claros para garantizar este derecho constitucional. Aunque el ejercicio fue señalado como un avance en términos de apertura institucional, hasta ahora no se ha emitido una resolución. 
De acuerdo con los colectivos, la falta de definición mantiene en incertidumbre la aplicación del derecho, mientras continúan procesos legislativos sin una participación efectiva, informada y significativa de las personas con discapacidad. El origen del debate se encuentra en un proyecto impulsado por la ministra Lenia Batres, que propone que la falta de consulta ya no sea un motivo automático para invalidar leyes, y que sean las propias personas con discapacidad quienes, mediante firmas, soliciten la impugnación de normas. Para organizaciones y activistas, este planteamiento modificaría la naturaleza del derecho, al pasar de un mecanismo de participación previa a un proceso posterior y condicionado, que requiere organización adicional para lograr la invalidez de una norma. Te puede interesar: En Puebla, persisten falta de empatía y barreras para personas con discapacidad visual En contraste, la ministra Loretta Ortiz Ahlf ha señalado públicamente su postura en contra de limitar este derecho y ha sostenido que las decisiones no deben tomarse sin la participación directa de las personas con discapacidad. Catalina Torres, una de las impulsoras del llamado, advirtió que la ausencia de criterios tiene efectos concretos en la vida de las personas. Señaló que, ante la falta de lineamientos, en entidades como San Luis Potosí se han planteado mecanismos que no corresponden a una consulta adecuada, lo que deriva en afectaciones a sus derechos. Las organizaciones subrayan que, mientras no exista una definición clara por parte de la Corte, el derecho a la consulta permanece en una especie de pausa, sin parámetros que orienten su aplicación en los estados. La carta que será entregada establecerá un precedente que garantice el cumplimiento del principio de “nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”, de acuerdo con las organizaciones firmantes. |