A dos décadas de los operativos policiacos en Texcoco y San Salvador Atenco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que el Estado mexicano mantiene un incumplimiento prácticamente total de la sentencia emitida en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, relacionado con las agresiones cometidas contra mujeres detenidas durante los hechos de mayo de 2006. En su más reciente resolución, publicada tras una audiencia privada realizada en abril de 2026, el tribunal internacional señaló que, aunque existen avances administrativos y no sustanciales, permanecen sin cumplirse las medidas centrales ordenadas al Estado mexicano para garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. La Corte IDH subrayó que continúan pendientes las investigaciones para determinar responsabilidades en la cadena de mando de los operativos realizados los días 3 y 4 de mayo de 2006, en los que participaron más de dos mil elementos policiacos. También observó rezagos en la atención médica y psicológica especializada para las sobrevivientes, quienes han denunciado deficiencias en el acompañamiento institucional brindado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). El tribunal internacional también señaló el incumplimiento del acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa a las víctimas. De igual forma, permanecen pendientes la implementación de programas de capacitación policial con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y prohibición de la tortura, así como la creación de mecanismos de monitoreo y fiscalización sobre el uso de la fuerza. Te puede interesar: CIDH reporta que 24 de 33 personas defensoras LGBTI asesinadas eran mujeres trans Otro de los puntos observados por la Corte es la falta de fortalecimiento efectivo en los mecanismos de investigación y documentación de casos de tortura sexual, una de las prácticas denunciadas por las once mujeres víctimas reconocidas en el caso. 
Los hechos ocurrieron durante los operativos desplegados en el contexto de las protestas contra la construcción de un aeropuerto en la zona de Atenco. Las mujeres denunciaron detenciones arbitrarias, agresiones físicas, psicológicas y sexuales cometidas por agentes estatales durante los traslados y el tiempo que permanecieron bajo custodia. La sentencia de la Corte IDH condenó al Estado mexicano por violaciones graves a la integridad personal, la libertad personal y la prohibición absoluta de la tortura, además de ordenar medidas estructurales orientadas a evitar la repetición de este tipo de violaciones a derechos humanos. A pesar del tiempo transcurrido desde los hechos y de la resolución internacional emitida hace ocho años, hasta el momento no existen sentencias condenatorias firmes contra responsables materiales o mandos involucrados en los operativos. Organizaciones acompañantes de las víctimas, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), han señalado falta de coordinación institucional entre dependencias federales encargadas del cumplimiento de la sentencia.
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