Viernes 19 Junio 2026

Diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas, agrupaciones de la diversidad sexual y personas defensoras de derechos humanos hicieron público un pronunciamiento en el que solicitan la intervención de autoridades estatales ante una denuncia por presunta violencia institucional, acoso y violencia política en razón de género en contra de María José Flores Serrano, conocida como “Majo”, presidenta del colectivo APPS.

De acuerdo con el documento difundido en redes sociales, las organizaciones señalan a Betuky Camacho Arroyo, directora de Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobernación del Estado, por presuntos actos que habrían afectado el ejercicio de los derechos de la activista. En el pronunciamiento se argumenta que estas conductas podrían encuadrarse en violencia institucional y violencia política de género, por lo que solicitaron la intervención de distintas instancias.

Las agrupaciones dirigieron sus peticiones a la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto Electoral del Estado (IEE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), con el objetivo de que se analicen los hechos denunciados y se determinen las acciones correspondientes conforme a la ley.

En el escrito, los colectivos recuerdan que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la violencia institucional como aquellas acciones u omisiones de personas servidoras públicas que obstaculizan, retrasan o limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres. Asimismo, destacan que la violencia política en razón de género puede manifestarse mediante conductas orientadas a restringir o menoscabar la participación de las mujeres en espacios de representación y liderazgo.

Entre las solicitudes planteadas se encuentra la realización de investigaciones con perspectiva de género y derechos humanos, el seguimiento de las denuncias presentadas y la garantía de que los procedimientos se desarrollen con transparencia e imparcialidad.

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Las organizaciones firmantes también expresaron su solidaridad con María José Flores Serrano y pidieron que el caso sea atendido con sensibilidad, respeto a los derechos humanos y apego al debido proceso, tanto para la denunciante como para las personas señaladas.

Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura pública sobre los señalamientos contenidos en el pronunciamiento. Mientras tanto, los colectivos hicieron un llamado a esclarecer el caso y a que cualquier resolución contribuya a fortalecer la protección de los derechos de las mujeres y de las personas defensoras de derechos humanos en Puebla.