De las 18 recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla) ha emitido a lo largo de este año, cuatro están dirigidas a la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que representa el 22 por ciento del total. La primera corresponde a la Recomendación 01/2026 y se relaciona con un caso de tortura presuntamente cometido en agosto de 2003 por dos elementos de la entonces Policía Judicial contra una persona detenida por la probable comisión del delito de cohecho. Te puede interesar: CDH Puebla abre queja por presunto encapsulamiento de madres buscadoras De acuerdo con la resolución, se vulneraron los derechos a la seguridad personal, la integridad y la verdad. Además, se identificó una omisión de la autoridad ministerial al no proporcionar información sobre el caso, lo que obstaculizó la investigación. La segunda recomendación, identificada como 04/2026, deriva de una queja presentada por la víctima V por la indebida atención de la carpeta de investigación CDI1. Según la CDH Puebla, se acreditaron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, al principio de legalidad, al acceso a la justicia y al debido proceso, ocasionadas por la falta de diligencia en la investigación de un caso de violencia contra las mujeres por razón de género.  La tercera recomendación, 05/2026, corresponde a un caso de detención arbitraria atribuida a agentes adscritos a la Fiscalía de Puebla, en el que la víctima sufrió presunta tortura física y sexual en junio de 2020. El organismo explicó que, tras la aplicación del Protocolo de Estambul, se detectaron síntomas compatibles con estrés postraumático. Finalmente, la Recomendación 08/2026 también está relacionada con un caso de tortura presuntamente cometido por agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla el 30 de abril de 2003. La CDH Puebla informó que, con base en el expediente 6683/2022 y la opinión médico-psicológica especializada para casos de posible tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se acreditó que la víctima identificada como V1 fue sometida a tortura. Entre las afectaciones documentadas se encuentran reacciones emocionales, recuerdos recurrentes del hecho, alteraciones del sueño, somatizaciones, ideas de muerte y alteraciones del apetito. Las 14 recomendaciones restantes emitidas durante 2026 fueron dirigidas a 10 ayuntamientos, así como a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Rectoría de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. Entre los principales derechos humanos vulnerados señalados por el organismo destacan el acceso al agua, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la libertad, así como el derecho a la seguridad jurídica y a la vida. |