La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) descartó responsabilidad institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, relacionados con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. En la Recomendación 208VG/2026, un documento de 867 páginas, el organismo reconoció graves violaciones a derechos humanos contra 92 estudiantes, entre ellas desaparición, ejecución extrajudicial, tortura, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles. Sin embargo, concluyó que la presencia de elementos militares en la zona no acredita una participación institucional del Ejército o la Marina en las agresiones contra los normalistas. La resolución establece que 40 estudiantes fueron víctimas de desaparición, tres fueron víctimas de ejecución extrajudicial y documenta agresiones contra 45 sobrevivientes. Entre los casos señalados está el de Julio César Mondragón Fontes, cuyo cuerpo presentó múltiples lesiones que, de acuerdo con el documento, son compatibles con actos de tortura. 
La CNDH también cuestionó las investigaciones realizadas durante más de una década y señaló violaciones al derecho a la verdad y a la justicia derivadas de deficiencias en las indagatorias. No obstante, el organismo consideró que las autoridades militares no tuvieron responsabilidad institucional en los hechos y validó las respuestas de la Sedena sobre la entrega de información de inteligencia solicitada durante el proceso. Uno de los puntos más polémicos de la recomendación fue el señalamiento contra organizaciones civiles que han acompañado a las familias de los estudiantes desaparecidos. El documento cuestiona la actuación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar, al afirmar que tuvieron una intervención que influyó en el desarrollo de algunas diligencias y cuestionar el financiamiento internacional que reciben. Te puede interesar: Detienen en EE. UU. a exmilitar mexicano vinculado al caso Ayotzinapa La CNDH sostuvo que estas organizaciones limitaron la participación de autoridades en determinadas actuaciones, como entrevistas y toma de muestras genéticas durante los primeros meses de la investigación, lo que —según el organismo— habría afectado algunos procesos de identificación. El Centro Prodh rechazó los señalamientos y la conclusión de la CNDH. A través de un posicionamiento público, acusó que el organismo actuó sin autonomía al favorecer la versión de las Fuerzas Armadas y recordó que 17 militares han sido vinculados a proceso dentro de las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. La organización también señaló que la recomendación desconoce los cuestionamientos sobre la falta de entrega completa de información militar y minimiza los aportes de organismos nacionales e internacionales que han acompañado a las familias de los estudiantes desaparecidos. A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la nueva recomendación confrontó a la CNDH y a los colectivos que han exigido el esclarecimiento del caso, en tanto, las familias mantienen la demanda de conocer el paradero de sus hijos y establecer responsabilidades por los hechos ocurridos en Iguala. |