En lo que va de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH Puebla) ha iniciado 124 quejas en materia de derechos ambientales, de las cuales 36, es decir, el 29 por ciento, corresponden a denuncias relacionadas con la probable contaminación causada por rellenos sanitarios. Así lo refirió este 24 de agosto la titular del organismo, Rosa Isela Sánchez Soya, en el marco de la presentación de la edición número 18 de la Gaceta institucional, que justamente aborda el derecho a un medio ambiente sano, saludable y sostenible. Te puede interesar: Tras caso Descasadas, CDH capacitará a diputados de Puebla contra discriminación La funcionaria pública informó que otras 12 quejas, equivalentes al 9.6 por ciento, tienen que ver con la contaminación en ríos o afluentes como el Río Atoyac, el Río Rabanillo y el Río Alseseca. Asimismo, detalló que alrededor de 75 investigaciones se relacionan con distintas problemáticas que vulneran el derecho humano a un ambiente sano. Sánchez Soya precisó que, de las 124 quejas iniciadas este 2026, ya se concluyeron 49, es decir, el 39.5 por ciento, con base en los mecanismos que establece la legislación de la CDH Puebla. Acerca del sistema de transporte por cable o Cablebús, la ombudsperson comunicó que el pasado 29 de enero recibieron una queja en contra de la Secretaría estatal de Infraestructura. La dependencia en cuestión había incurrido en una omisión por no detallar los costos y beneficios de la obra, pero actualmente ya dio respuesta a esa solicitud de información, según lo indicado por el visitador encargado del asunto. Sin embargo, Sánchez Soya mencionó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, les ha remitido otras 61 quejas por el sistema de transporte por cable. A eso se le suman 36 agregados que ha hecho el organismo poblano con base en el monitoreo de lo publicado por la ciudadanía y medios de comunicación en distintas redes sociales. El visitador encargado de las quejas contra el Cablebús, José Carlos López Veloz, señaló que no hay una fecha estimada para darle conclusión al tema, pues dijo que es una situación muy álgida que seguirá generando observaciones. En otro orden de ideas, la delegada de Agricultura y Desarrollo Rural, Yasmín Itzel Trujillo Macías, reveló que campesinos y pequeños propietarios de la microrregión 12, en el municipio de Amozoc, en las inmediaciones de La Malinche, han denunciado la tala ilegal de árboles. La servidora pública subrayó la necesidad de tener una legislación eficiente sobre dicho problema, que no solamente se enfoque en sancionar el corte hasta el derrumbe de un árbol, sino que establezca un seguimiento al traslado y comercialización masiva del producto. Derivado de lo anterior, ella y los especialistas con los que escribió un artículo para la Gaceta de la CDH Puebla propusieron una política pública en la que haya una modificación a la norma que persigue ese tipo de delitos. Acerca de las zonas o focos rojos del estado en los que han identificado más denuncias de tala ilegal, expresaron que los talamontes ya cambiaron su ruta y, en lugar de bajar por el lado de Amozoc, ahora lo hacen por la junta auxiliar de Canoa.
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