En el Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, conocido como El Batán, 77 personas llevan más de 20 años hospitalizadas y otras 40 acumulan entre 10 y 20 años, pese a que la Ley General de Salud prohibió expresamente el internamiento involuntario como parte del modelo asilar y ordenó transitar hacia la atención comunitaria. De acuerdo con información recopilada por la organización Documenta sobre la situación de los hospitales psiquiátricos en México, el nosocomio poblano reportó 341 personas internadas, de las cuales 175 se encontraban bajo internamiento involuntario. En total, 117 pacientes superaban los diez años de estancia. El registro incluyó también a 22 personas hospitalizadas entre cinco y diez años, siete con estancias de entre tres y cinco años y 26 que llevaban entre uno y tres años en la institución. A cuatro años de la reforma legal, las cifras exhiben la persistencia de hospitalizaciones prolongadas en una institución psiquiátrica. El cambio normativo buscaba dejar atrás el modelo de atención basado en el aislamiento y avanzar hacia servicios comunitarios que respeten la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Resulta difícil sostener que una persona que ha vivido durante años o décadas dentro de una institución, sin alternativas comunitarias, apoyos para la vida independiente ni vías reales para egresar, ejerce libremente su voluntad de permanecer ahí. La hospitalización indefinida puede convertirse en una forma de privación de la libertad por motivos de discapacidad, una situación que las cifras sobre duración de las estancias obligan a examinar desde la perspectiva de los derechos humanos. 
Cuatro fugas en cuatro meses; se desconoce si una persona fue localizadaEntre enero y abril de 2026, El Batán registró cuatro abandonos hospitalarios sin autorización médica, de acuerdo con información de IMSS-Bienestar. Tres de las personas regresaron a sus domicilios, mientras que una permanecía sin localizar al momento del reporte. La información disponible no permite confirmar si posteriormente fue encontrada. Los cuatro casos igualan los reportados durante todo 2024 y superan los tres registrados en 2025. En el primer cuatrimestre de 2026, el promedio fue de una salida no autorizada por mes. Te puede interesar: Detectan en El Batán falta de higiene y déficit de médicos El Batán entregó información parcialDocumenta señaló que la respuesta del hospital poblano a las solicitudes de información durante 2026 fue parcial. En 2025, la institución proporcionó los datos de manera completa, mientras que en 2024 no respondió a la solicitud correspondiente. Las limitaciones en la información dificultan conocer con precisión las condiciones de internamiento, los tiempos de permanencia y la situación de las personas que no ingresaron voluntariamente a estas instituciones. 
Mil 922 personas bajo internamiento involuntario en MéxicoA nivel nacional, Documenta contabilizó 5 mil 57 personas internadas en 33 hospitales psiquiátricos, de las cuales al menos mil 922 se encontraban bajo internamiento involuntario. El informe identificó además a 510 personas con más de 20 años de hospitalización, 190 con estancias de entre 10 y 20 años, 167 de entre cinco y diez años y 95 de entre tres y cinco años. La organización también advirtió que diversas instituciones adscritas a IMSS-Bienestar proporcionaron información parcial o incompleta sobre el número de personas internadas, la duración de sus estancias y los casos de internamiento involuntario, por lo que las cifras disponibles no ofrecen un panorama exhaustivo de la situación nacional. 
El monitoreo coincide con los hallazgos del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tras visitar México en 2024 advirtió que la institucionalización es más común que la atención comunitaria. El organismo documentó personas internadas hasta por 51 años y señaló que solo 5% del presupuesto federal de salud se destina a salud mental, de cuyo monto hasta 80% se concentra en hospitales psiquiátricos. Ante esta situación, Documenta exigió ampliar los servicios comunitarios, armonizar las normas con los estándares internacionales, realizar un censo nacional de personas institucionalizadas y establecer planes para su salida, además de crear mecanismos independientes de supervisión. La organización advirtió que la reforma legal requiere presupuesto y acciones concretas para evitar la privación de la libertad por motivos de discapacidad. |