Miércoles 28 Octubre 2026

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respaldará la discusión legislativa sobre el derecho a una muerte digna y enviará al Congreso de la Unión las conclusiones de un foro dedicado a la autonomía y los derechos de las personas al final de la vida, en apoyo a la iniciativa conocida como Ley Trasciende.

Durante la inauguración del encuentro Derechos Humanos, Dignidad y Autonomía al Final de la Vida, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, sostuvo que las personas con enfermedades graves, irreversibles o terminales deben conservar su derecho a decidir sobre su atención médica, sin que su edad, discapacidad o condición de salud limite sus derechos fundamentales.

La funcionaria informó que las conclusiones del foro serán remitidas a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras del Congreso y que el organismo acompañará a las organizaciones civiles promotoras de la propuesta. La discusión legislativa, señaló, deberá considerar la voluntad de los pacientes, el acceso a cuidados adecuados y el alivio del sufrimiento.

La Ley Trasciende plantea establecer mecanismos de asistencia médica al final de la vida bajo supervisión estatal, con el propósito de garantizar que las decisiones de las personas sean respetadas. Sus promotores sostienen que la iniciativa no busca restar valor a la vida, sino reconocer la dignidad y la autonomía de quienes enfrentan enfermedades que les provocan sufrimiento.

Samara Martínez Montaño, integrante de la Coalición Muerte Digna ¡Ya! y defensora de la propuesta, afirmó que el objetivo es reconocer el derecho de los pacientes a decidir sobre su propia vida. “La Ley Trasciende no busca restarle valor a la vida, sino reconocer el valor de la persona que vive esa vida”, expresó.

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, anunció que el organismo enviará al Congreso las conclusiones del foro sobre el derecho a una muerte digna.

Por su parte, Aurélien Guilabert, coordinador de Coaliciones para la Democracia e integrante de la misma agrupación, indicó que la iniciativa cuenta con cerca de 200 mil firmas y el respaldo de más de 4 mil profesionales de la salud.

Guilabert señaló que desde 2002 se han presentado más de 50 iniciativas legislativas relacionadas con el derecho a una muerte digna, sin que hasta ahora se haya concretado una regulación federal que responda a las demandas de las organizaciones promotoras.

También cuestionó la falta de respuesta de la Secretaría de Salud a un dictamen técnico solicitado por el Senado desde febrero de 2026, documento que, de acuerdo con el activista, resulta relevante para avanzar en la discusión.

Finalmente, la CNDH puntualizó que la protección de los derechos humanos debe contemplar tanto la atención médica y los cuidados paliativos como el respeto a la voluntad de las personas que atraviesan enfermedades sin posibilidades de recuperación.