En el marco de la Mega Marcha Estatal del Orgullo LGBTTTIQ+ Puebla 2025, el Colectivo APPS Derechos Humanos, en su calidad de comité organizador, entregó formalmente un pliego petitorio al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
El documento, respaldado por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta una serie de demandas sociales y legislativas orientadas a garantizar los derechos humanos, la seguridad y la dignidad de la población LGBTTTIQ+ en la entidad.
Demandas del pliego petitorio
- Revisión de la Ley de Ciberasedio
El colectivo solicitó la intervención del mandatario ante el Congreso del Estado para modificar el artículo 480 del Código Penal, señalado como ambiguo y riesgoso para la libertad de expresión y la protección de activistas y personas defensoras de derechos humanos. Alertaron que su redacción actual podría ser utilizada para criminalizar el activismo y vulnerar a víctimas de violencia digital.
- Impulso a la Ley Integral contra la Discriminación
Se exigió una nueva Ley Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con enfoque en derechos humanos, perspectiva interseccional y mecanismos efectivos de denuncia, reparación y sanción, frente a la persistente violencia y exclusión que enfrenta la comunidad diversa en Puebla.
- Justicia para Fabián Barriales
El colectivo reconoció la rápida actuación de la Fiscalía General del Estado, pero pidió garantías de seguimiento y sanción a los responsables del asesinato del joven activista. Advirtieron que no debe permitirse la impunidad en crímenes de odio contra personas LGBTTTIQ+.
- Remoción del titular de Diversidad Sexual
Se solicitó la destitución de Alberto Camacho Arroyo, conocido como “Betuki”, por su presunta intervención en la organización de un evento paralelo a la marcha oficial y por autoproclamarse “reine del orgullo”, acción que calificaron como ofensiva para la memoria y lucha histórica de la comunidad.
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Desde la organización, se subrayó que estas demandas “no solo reflejan las exigencias de una población históricamente marginada, sino también representan oportunidades reales para construir un estado más justo, incluyente y respetuoso de los derechos humanos”.
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