Martes 10 Marzo 2026

Colectivas, organizaciones y personas que respaldan el reconocimiento de las infancias trans expresaron su desacuerdo con el Congreso del Estado de Puebla por dar prioridad a iniciativas enviadas por el gobernador Alejandro Armenta, mientras permanecen pendientes propuestas impulsadas desde la ciudadanía.

El colectivo Infancias Trans Puebla recriminó al Poder Legislativo local y al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar Ramírez, el aplazamiento de la reforma al Código Civil que permitiría a niñas, niños y adolescentes trans solicitar la emisión de una nueva acta de nacimiento acorde con su identidad de género autopercibida.

En redes sociales, la colectiva señaló que existe una contradicción entre el discurso político y la actuación legislativa. “En el discurso: ‘el pueblo manda’; pero en la práctica ignoran las demandas ciudadanas y sólo legislan lo que dictan las cúpulas. ¡Exigimos que se garanticen los derechos de las infancias trans!”, expresaron.

Las organizaciones advirtieron que, a punto de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, las y los diputados tendrían previsto aprobar en “fast track” diversas reformas enviadas por el Ejecutivo estatal, entre ellas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Código de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución Política del Estado, la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Defensoría Pública.

Ante este panorama, las colectivas consideraron incongruente que se agilicen iniciativas del gobierno estatal mientras permanece sin resolverse una reforma ordenada por la Suprema Corte.

En marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de Puebla modificar el Código Civil local, luego de resolver la acción de inconstitucionalidad 73/2021 presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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El máximo tribunal determinó que la normativa vigente vulneraba el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las infancias y adolescencias trans, al exigir tener 18 años cumplidos para solicitar una nueva acta de nacimiento acorde con su identidad de género.

La Corte invalidó ese requisito al considerar que contravenía el derecho a la identidad de género autopercibida y el interés superior de la niñez. Además, otorgó al Congreso un plazo de un año para legislar y establecer un procedimiento sumario y gratuito que permita solicitar el levantamiento de nuevas actas de nacimiento.

Sin embargo, a casi cuatro años de la resolución, la reforma continúa pendiente en el Congreso poblano.