Prestadores de servicios de turismo de naturaleza o aventura que operen sin autorización o certificación y pongan en riesgo la vida de sus clientes podrían enfrentar hasta dos años de prisión en Puebla, de aprobarse una iniciativa presentada en el Congreso local. La propuesta de la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales plantea modificar tanto la Ley de Turismo del Estado de Puebla como el Código Penal para incrementar las facultades de vigilancia y establecer consecuencias penales en casos donde la prestación irregular represente un peligro para las personas. La reforma contempla adicionar el artículo 345 Bis al Código Penal, para establecer penas de uno a dos años de prisión a quien ofrezca, organice, intermedie, dirija o conduzca actividades ofrecidas al público como turismo de naturaleza o aventura sin contar con las autorizaciones o certificaciones correspondientes. Para que se configure el supuesto planteado en la iniciativa, además de operar irregularmente, la actividad deberá poner en peligro la vida de una o más personas. La sanción podría aplicarse independientemente de las penas correspondientes en caso de que durante la actividad se cometa algún otro delito. 
La iniciativa también propone reformar los artículos 37, 82 y 93 de la Ley de Turismo del Estado para ampliar las herramientas de supervisión de las autoridades. Entre los cambios se establece que los prestadores de turismo de naturaleza y aventura deberán suspender sus servicios cuando exista una restricción, cierre, suspensión o prohibición ordenada por alguna autoridad por razones de seguridad o protección civil. Te puede interesar: Congreso de Puebla pide alertar sobre riesgos por consumo excesivo de sal Asimismo, la Secretaría de Turismo estatal podría suspender o revocar permisos cuando detecte incumplimientos a las condiciones bajo las cuales fueron otorgados o a las medidas de seguridad establecidas por las autoridades. La dependencia también tendría facultades para realizar visitas de verificación con el objetivo de comprobar que empresas y prestadores cumplan con la legislación, reglamentos, permisos y demás disposiciones estatales aplicables. La propuesta busca establecer mayores controles sobre actividades recreativas y turísticas que, por sus características, pueden implicar determinados riesgos para quienes las practican. |