Miércoles 02 Septiembre 2026

La diputada Celia Bonaga Ruiz presentó dos iniciativas de reforma con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de contratación y adjudicación de obras públicas en Puebla.

La primera propuesta modifica la Ley Orgánica Municipal para establecer que las y los presidentes municipales deberán garantizar la imparcialidad, transparencia y libre competencia en los procedimientos de licitación, además de abstenerse de intervenir cuando exista un conflicto de interés.

La iniciativa también prohíbe que presidentes municipales, síndicos, regidores y titulares de dependencias participen como proveedores, contratistas o subcontratistas en contrataciones del propio Ayuntamiento.

La diputada Celia Bonaga presentó iniciativas para impedir conflictos de interés en la contratación de obras públicas.

El documento precisa que habrá incumplimiento cuando las obras se otorguen a empresas en las que dichos servidores públicos, su cónyuge o familiares hasta el cuarto grado tengan participación como socios, accionistas, administradores o beneficiarios. Los contratos celebrados en contravención serían nulos y se daría vista a las autoridades para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa, civil o penal.

La segunda iniciativa reforma la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, con el fin de garantizar que los recursos destinados a infraestructura se ejerzan en beneficio de la sociedad y bajo condiciones de competencia e igualdad.

Te puede interesar: Congreso de Puebla recibe iniciativas en materia de transparencia, justicia, educación y salud

Se establece que quedarán impedidas de participar aquellas personas físicas o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con servidores públicos que intervengan en la planeación, contratación o ejecución de la obra, o en casos donde exista un interés personal, familiar o patrimonial.

Con estas propuestas, la diputada busca reforzar los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, cerrando espacios a prácticas indebidas en la contratación de obra pública.