La instalación de cajas de cobro físicas y electrónicas en todos los distritos judiciales de Puebla fue planteada en el Congreso local con una iniciativa que busca facilitar los trámites y servicios del Poder Judicial a la ciudadanía. Durante sesión ordinaria, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina propuso reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla para establecer la obligación de habilitar y mantener en funcionamiento módulos de cobro en las sedes y edificios judiciales de la entidad. La iniciativa surge bajo el argumento de que la modernización de la justicia no debe representar obstáculos para quienes requieren realizar pagos por servicios administrativos, por lo que la propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis. 
En la misma sesión, el diputado Miguel Márquez Ríos presentó una reforma constitucional para reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos dentro de la legislación poblana, además de establecer bases para la protección, conservación y gestión integral del agua. El proyecto fue enviado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Por otra parte, la diputada Elisa Limon Balderrabano y el diputado Miguel Márquez Ríos propusieron modificaciones a la Ley de Bienestar Animal para fortalecer la atención de casos de maltrato, mediante procedimientos que permitan documentar los hechos, preservar evidencias y coordinar la intervención de las autoridades competentes. Te puede interesar: Estudiantes de tres paises participan en Modelo de Naciones Unidas en Puebla La diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para armonizar la Ley Orgánica Municipal con la reciente reforma judicial estatal, así como una propuesta de ajustes a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, con el objetivo de fortalecer la operación institucional del sistema de justicia. Además, la Mesa Directiva dio cuenta de otras iniciativas legislativas relacionadas con la continuidad de los servicios públicos durante los cambios de administración municipal, la ampliación de la protección contra actos de discriminación por condiciones de salud física y mental, y la incorporación del concepto de Diseño Universal para garantizar entornos, servicios y productos accesibles para todas las personas. |