Puebla incorporará a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la vigilancia de los centros de rehabilitación contra las adicciones, conocidos como anexos, luego de que el Congreso del estado aprobó por unanimidad una reforma impulsada por el diputado de Morena, Andrés Villegas Mendoza. La modificación busca que la SSP coordine acciones con las dependencias responsables de la regulación, control, vigilancia y fomento sanitario de estos establecimientos, además de establecer protocolos de actuación y respuesta para los cuerpos de seguridad pública. Datos difundidos en junio de 2026, señalaron que 239 de 240 anexos no contaban con autorización o certificación, de acuerdo con el directorio nacional de establecimientos residenciales reconocidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA). 
La falta de controles también ha sido relacionada con hechos de violencia, abusos, tortura, agresiones sexuales, negligencia y muertes al interior de estos espacios. Una revisión periodística contabilizó al menos 17 personas fallecidas desde 2021 en anexos de Puebla por hechos asociados con negligencias, abusos u homicidios. Otro recuento publicado en mayo de 2026 documentó al menos 20 muertes en anexos o centros de rehabilitación de la entidad desde 2022, entre ellas casos relacionados con homicidios, golpizas, negligencia, problemas de salud sin atención adecuada y presuntos suicidios. Te puede interesar: Congreso de Puebla va por regulación de anexos; piden debate previo La propia SSP había planteado desde 2025 la necesidad de intervenir en la supervisión de estos establecimientos. En ese momento, el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, señaló que existían más de 200 anexos registrados y advirtió sobre la necesidad de una revisión conjunta con las secretarías de Salud y Gobernación ante los reportes de delitos y posibles actividades ilícitas en algunos de estos lugares. Con la reforma aprobada por el Legislativo poblano, los anexos dejan de abordarse únicamente desde una perspectiva de atención a las adicciones y se incorpora formalmente la seguridad pública a las tareas de coordinación y vigilancia, particularmente ante los riesgos que enfrentan las personas internadas. La medida se suma a otras propuestas que permanecen en análisis para establecer mayores controles sobre los centros de atención a las adicciones. En junio de 2026, diputados locales plantearon incorporar un capítulo específico sobre estos establecimientos a la Ley Estatal de Salud. |