La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR) anunciaron este lunes cuatro nuevas líneas de investigación científica que, según el Gobierno Federal, están generando avances en el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El informe, presentado en conferencia de prensa por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, Mauricio Pazarán, detalla que estas vertientes surgen del reanálisis de documentos y registros telefónicos acumulados durante 12 años, incorporando una metodología estrictamente técnica. La primera línea, puntualizaron, se centra en el análisis de comunicaciones, lo que permitió identificar patrones de 17 nuevos objetivos vinculados a la organización criminal Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas asociadas a servicipuntualizado, El rastreo reveló llamadas entre integrantes del grupo delictivo y personal del sector salud y funerario; en agosto de 2025 se estableció que el dueño de una funeraria utilizó el teléfono de uno de los estudiantes, derivando en cateos realizados en octubre de ese año en funerarias y en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala. 
En dichas inspecciones se localizó un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial. Posteriormente, entre marzo y junio de 2026, se recuperaron 23 indicios adicionales en el SEMEFO —entre ellos fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos y documentos— que permanecen bajo análisis pericial con la incorporación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), a petición expresa de las familias. La segunda línea se enfoca en el análisis de tres equipos telefónicos pertenecientes a los estudiantes y la cadena de usuarios posterior a la desaparición. Producto de esta investigación, el 24 de agosto de 2026 se libró una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada. Asimismo, se determinó que un segundo teléfono fue utilizado por un policía municipal de Iguala la noche de los hechos, mientras que el tercer aparato refuerza la hipótesis de que un grupo de jóvenes fue trasladado a la barandilla municipal, contradiciendo declaraciones vertidas previamente por un exjuez del lugar. Te puede interesar: Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada en caso Ayotzinapa La tercera línea, derivada del reanálisis documental, permitió identificar a una persona que tenía 14 años al momento de los hechos y que no había sido señalada con anterioridad. Su declaración, rendida el 30 de julio de 2026, aporta elementos que refuerzan las imputaciones directas contra integrantes de Guerreros Unidos. Por último, la cuarta línea investiga el ocultamiento de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero correspondientes a la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. La reconstrucción de las decisiones tomadas por altos mandos llevó a la detención y proceso penal de la exmagistrada presidenta del Tribunal y de la exvisitadora de dicho órgano. Asimismo, con base en nuevas declaraciones y elementos de prueba, el 6 de agosto de 2026 fue detenido el exgobernador de Guerrero por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 normalistas. 
Las autoridades destacaron la colaboración activa con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para integrar expertos internacionales, e insistieron en que las madres y padres de los jóvenes se mantienen en el centro del proceso. Entre las acciones inmediatas se anunció la ampliación de los operativos de búsqueda, profundizar en la vertiente del SEMEFO y las videograbaciones, y sostener el diálogo con las familias mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Protestan padres y madres de los normalistas en la SCJNDías antes de este anuncio oficial, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, acompañados por normalistas, protestaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la víspera de cumplirse 12 años del caso que marcó la historia reciente de México. 
Los familiares arribaron a la sede del máximo tribunal en el centro de la Ciudad de México junto a alumnos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" para exigir celeridad en las resoluciones judiciales. Esta manifestación formó parte de la jornada nacional “Ayotzinapa, 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, que inició en Guerrero y culminó con una marcha multitudinaria del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. |