Ante el recrudecimiento de la violencia y los asaltos en las vías federales del país, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), junto con la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), la Organización Integradora de Derechos Convencionales y la Federación Mexicana de Transportistas (FEMATRAC), emitieron un posicionamiento conjunto en el que desconocieron la efectividad de los acuerdos previos y fijaron una postura firme: la única interlocutora válida para encontrar una solución de fondo es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. En un comunicado dirigido al Gobierno Federal y a la opinión pública, las organizaciones empresariales y de operadores señalaron que por años han participado en mesas de trabajo y diálogos que solo han derivado en compromisos incumplidos. Recordaron que, en febrero de 2024, firmaron minutas de acuerdos con dependencias clave como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN). A pesar de las reuniones sostenidas con funcionarios federales —entre ellos Luis Rodríguez Bucio (subsecretario de Seguridad Pública), César Alejandro Yáñez Centeno (subsecretario en SEGOB) y Rogelio Jiménez Pons (subsecretario de Transporte)—, así como la participación del presidente nacional de CANACAR, Miguel Ángel Martínez Millán, los gremios afirmaron que la delincuencia en tramos carreteros no se detuvo, sino que empeoró. Te puede interesar: Transportistas convocan paro nacional indefinido a partir del 26 de octubre; esto se sabe “Los antecedentes documentados, incluidos los acuerdos establecidos en febrero de 2024 con la dependencia federal, dan cuenta de compromisos que a la fecha demuestran que el diálogo por sí solo no garantiza resultados. México no puede seguir atrapado en un ciclo de reuniones sin soluciones y compromisos sin cumplimiento”, aseveró la cúpula transportista. El gremio remarcó que el autotransporte de carga es indispensable para el abasto y la economía nacional, por lo que exigió garantías de seguridad verificables en lugar de "atenciones secundarias". Asimismo, aclararon que no buscan la confrontación con las instituciones, pero advirtieron que la falta de respuestas inmediatas mantiene a la industria en una situación insostenible. |