Miércoles 04 Noviembre 2026

El Gobierno de Puebla consideró que son mínimas las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Segunda Entrega de Informes Individuales, debido a que representan apenas el 0.08 por ciento de los recursos revisados por el máximo órgano fiscalizador.

En un comunicado difundido el 1 de noviembre, el Gobierno de Puebla explicó que los recursos pendientes de aclarar ante la ASF corresponden a los fondos de nómina educativa, educación tecnológica y de adultos, así como de infraestructura social.

Sin embargo, omitió detallar que entre los 43.2 millones de pesos observados se encuentran pagos a trabajadores con registros de defunción, funcionarios de elección popular y empleados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que no acreditaron funciones educativas.

¿Qué es lo que debe aclarar Puebla ante la ASF?

El Gobierno de Puebla tiene que aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un monto de 43.2 millones de pesos que han sido considerados como presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal por pagos de salarios a personas fallecidas, trabajadores con licencia sin goce de sueldo, integrantes del SNTE, funcionarios que ocupaban cargos de elección popular y empleados que no acreditaron los requisitos académicos de sus puestos.

Además de los recursos observados por probable daño patrimonial, la ASF solicitó la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para revisar inconsistencias fiscales detectadas en siete entes públicos de Puebla dedicados a la educación, debido a diferencias entre los ingresos por salarios reportados, de acuerdo con la Segunda Entrega de Informes Individuales de 2025, publicada el 30 de octubre de este año.

Las instituciones que serán revisadas por el SAT son el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros y el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.

En la segunda entrega de los informes de la ASF se encuentran ocho auditorías relacionadas con Puebla. En seis de ellas están reportados recursos que, en conjunto, dan un total de 53 mil 39 millones 815 mil 35 pesos.

Las observaciones por presuntos daños patrimoniales de 43 millones 243 mil 382 pesos pertenecen a las auditorías al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).

La ASF también detectó inconsistencias fiscales por 85 millones 365 mil 380.89 pesos que fueron usados para pagar los salarios del año pasado en las seis instituciones educativas y en el CAPCEE, lo que motivó una solicitud de revisión al SAT por diferencias entre los ingresos reportados para el pago de salarios y los comprobantes fiscales de nómina.

El Gobierno de Puebla tendrá 30 días hábiles, contados a partir de la notificación de los informes, para presentar ante la ASF la documentación y los argumentos necesarios para aclarar las irregularidades detectadas, según lo descrito en la Segunda Entrega de Informes Individuales y en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

43.2 millones de pesos observados por la ASF al Gobierno de Puebla

De los 43 millones 243 mil 382 pesos pendientes de aclarar, 38 millones 714 mil 582.81 pesos, es decir, el 89.53 por ciento, corresponden al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

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La ASF detectó en el FONE pagos por 15.6 millones de pesos a 168 trabajadores con licencia sin goce de sueldo y 7.6 millones a nueve empleados que realizaban actividades en el SNTE, sin acreditar funciones educativas.

También detectó 6.5 millones de pesos pagados a 19 trabajadores que ocupaban cargos de elección popular, cuatro millones a ocho empleados con plazas en lugares geográficamente incompatibles y 1.9 millones a 20 trabajadores con registros de defunción anteriores a 2025, sin que se justificara la procedencia de los pagos.

Por estas y otras irregularidades, la ASF emitió 10 pliegos de observaciones, los cuales cuentan con los folios 2025-A-21000-19-1628-06-001, 2025-A-21000-19-1628-06-002, 2025-A-21000-19-1628-06-003, 2025-A-21000-19-1628-06-004, 2025-A-21000-19-1628-06-005, 2025-A-21000-19-1628-06-006, 2025-A-21000-19-1628-06-007, 2025-A-21000-19-1628-06-008, 2025-A-21000-19-1628-06-009 y 2025-A-21000-19-1628-06-010.

Los otros 4 millones 528 mil 800.11 pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), por salarios pagados a 15 trabajadores del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) sin acreditar documentalmente que cumplieran los requisitos académicos y profesionales para los puestos que ostentan, según el pliego de observación 2025-A-21000-19-1627-06-001.