La diputada Claudia Rivera Vivanco anunció que impulsará reformas para incorporar a la ley el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores y establecer condiciones para que empresas extranjeras integren proveeduría mexicana. La propuesta forma parte del libro T-MEC: Los ejes transversales de una nueva integración económica, presentado por la Cámara de Diputados y la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que reúne planteamientos de 88 especialistas de 52 instituciones. Te puede interesar: Claudia Rivera defiende reforma fiscal para gasolineros y pide apoyo de la oposición Durante la presentación, encabezada por la diputada Claudia Rivera Vivanco y el coordinador de la obra, el doctor Samuel Ortiz Velásquez, académico de la UNAM, se destacó la necesidad de transitar de un modelo basado en la maquila y el ensamblaje hacia uno de industrialización que genere mayor valor, mejores salarios e innovación tecnológica local. Esta publicación representa el primer volumen de una trilogía derivada del Foro Nacional sobre el T-MEC, organizado en junio de 2025 por la Cámara de Diputados y la UNAM, en el marco de las acciones complementarias encomendadas por la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, para la revisión del tratado comercial prevista para 2026.  En ese sentido, los especialistas, en voz de Ortiz Velásquez, señalaron que las propuestas permitirían avanzar hacia un Modelo de Industrialización con Alto Valor Agregado (IAVA), sustentado en la absorción tecnológica local, el escalamiento hacia eslabones de mayor rentabilidad, la dignificación salarial y la soberanía productiva. La legisladora anunció que, desde la Comisión de Hacienda y Crédito Público, impulsará reformas para dar rango de ley al Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores y facultar al Estado para condicionar los incentivos a empresas extranjeras, a fin de que inviertan de manera obligatoria en la integración de proveeduría nacional. La obra sintetiza un decálogo de 46 propuestas de política pública, entre las que destacan otorgar respaldo legal y permanente al desarrollo de proveedores nacionales, proteger la soberanía alimentaria y energética, aumentar la inversión pública en infraestructura hídrica y energética, así como impulsar la formación de talento técnico y de investigadores mexicanos. Asimismo, la investigación plantea destinar los recursos obtenidos por la recaudación de aranceles —calculados en más de 215 mil millones de pesos anuales— para financiar el Plan México y la infraestructura de los Polos del Bienestar en el país.
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