Jueves 12 Noviembre 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el gobierno federal puede intervenir para apoyar en la seguridad del penal de San Miguel, en Puebla, siempre que la administración estatal solicite formalmente su colaboración, luego de las denuncias de presuntas extorsiones y cobros ilegales realizadas por familiares de personas privadas de la libertad.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria recordó que el centro penitenciario está bajo la administración del gobierno de Puebla, por lo que cualquier intervención federal deberá coordinarse con las autoridades locales.

“Es un penal que está bajo la administración del gobierno del estado de Puebla, y está en contacto el Gabinete de Seguridad, para poder, si requiere apoyo el estado de Puebla, poder apoyar en lo que se requiera (…). Tiene que ser a solicitud del gobierno del estado Puebla”, indicó.

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Sheinbaum Pardo explicó que el Gabinete de Seguridad mantiene contacto con las autoridades estatales ante los señalamientos sobre el presunto ingreso de teléfonos celulares y bebidas alcohólicas al reclusorio. Sin embargo, precisó que la participación directa de las fuerzas federales dependerá de una solicitud del gobierno poblano.

La presidenta comparó esta colaboración con la que se realiza en entidades como Sinaloa, donde las autoridades federales participan en operativos para decomisar artículos prohibidos en centros penitenciarios.

Cabe recordar que un día antes, el miércoles 11 de noviembre, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció una investigación a fondo sobre el funcionamiento del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

El mandatario informó que la revisión contará con el apoyo de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, luego de un acuerdo en la Mesa de Paz.

También instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) a analizar el traslado de dos internos considerados de alta peligrosidad.