Preocupa más corrupción que pobreza a poblanos

Después de la inseguridad y el desempleo, la corrupción es el tercer problema que más preocupa a los poblanos, incluso más que la pobreza que prevalece en la entidad, pues el 43.7 por ciento de los habitantes de zonas urbanas de la entidad lo consideran un asunto grave, según reveló la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental que realizó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en 2015.

El 83.79 por ciento de la población considera que los actos de corrupción son una práctica frecuente en el estado. Hasta 2013, el 91.5 por ciento de los ciudadanos exponía que dichos incidentes eran frecuentes, por lo que Puebla mantiene indicadores elevados en la percepción de este problema.

La incidencia total de corrupción en el estado es de 28 mil 296 casos por cada 100 mil habitantes; sólo en 2015, un total de 344 mil 279 personas experimentaron algún tipo de corrupción. El Inegi estima que para la realización de trámites en dependencias de gobierno e instituciones, hubo 149 mil 239 personas que se declararon víctimas, una tasa de 12 mil 266 por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con la percepción de los poblanos, son los policías quienes incurren con mayor frecuencia en actos de corrupción, seguido de los partidos políticos, el gobierno federal, diputados y senadores, gobiernos estatales, gobiernos municipales, institutos electorales, medios de comunicación y empresarios.

Palpar la corrupción

El estado de Puebla se mantiene como la cuarta entidad con mayor número de denuncias por inconsistencias cuando un emprendedor solicitó trámites para abrir un negocio, pues de acuerdo con el Mapa de Corrupción, el estado acumula 27 quejas y sólo se ubica por debajo de la Ciudad y el Estado de México, así como de Guadalajara, Jalisco.

El Mapa de Corrupción coloca al municipio de Puebla a la cabeza con nueve casos, a Tehuacán y Tecamachalco con dos cada uno; en tanto, se tiene contabilizado apenas un caso en Xicotepec, Huauchinango, Zacapoaxtla, Teziutlán, Atempan, Tlahuapan, San Andrés Cholula, Tepango de López, Quecholac, Palmar de Bravo, Yehualtepec, Izúcar de Matamoros, Santiago Miahuatlán y Ajalpan.

Los 27 casos de corrupción que se han presentado en Puebla se deben en su mayoría a que no se permitió hacer algún trámite o sufrieron algún abuso; los actores señalados como responsables fueron en su mayoría las autoridades municipales, pues el 56 por ciento de las mismas estuvo involucrada en estos actos y un 22 por ciento corresponde al orden estatal.

De acuerdo con los especialistas en iniciativa privada y el Informe de Seguridad de American Chamber of Commerce, la corrupción se ha convertido en la amenaza externa más importante que enfrentan las empresas.

Se rehúsan a la transparencia

En la plataforma 3 de 3 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se registra una baja participación de actores poblanos en la publicación de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Resalta que ni el gobernador Rafael Moreno Valle, los diputados locales ni los federales que representan al estado, han presentado sus declaraciones, pese a que se han conducido con la bandera de la transparencia a lo largo de estos años de gestión.

En la plataforma, sólo obran las declaraciones de las senadoras Lucero Saldaña Pérez, Blanca Alcalá Ruiz, así como la del alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres y la del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Giles Carmona.

Durante la campaña a la gubernatura, los candidatos se registraron en la plataforma como un modo de promover la transparencia, es así que tanto Blanca Alcalá Ruiz y José Antonio Gali Fayad, gobernador electo, cuentan con su declaración presentada.

Se blindan para no aplicarse la ley

Aunque la legislación en materia anticorrupción señala que los servidores públicos deberán entregar sus declaraciones, en Puebla no se está obligado a presentar la fiscal, que señala el pago de impuestos de los servidores públicos.

El pasado 11 de octubre, el gobernador de Puebla, presentó la iniciativa de ley para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, por el que se crea el Tribunal de Justicia Administrativa, así como el Consejo de la Judicatura y una Fiscalía en la materia.

En sus reformas, el gobernador expone que el fiscal anticorrupción será nombrado por el fiscal general, que a su vez obtuvo el cargo por recomendación del titular del Ejecutivo, aunado a que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa permanecerán hasta por 15 años en sus cargos para aplicar sanciones a funcionarios públicos.

La reforma también contempla que para procesar por un delito a un diputado, gobernador, auditor, magistrado o consejero de la judicatura se requiere de dos terceras partes del Congreso para imputarle la causa, en caso contrario, podrá continuar el proceso jurisdiccional cuando ya no tenga fuero y esté separado de su cargo en la función pública.