Ex edil de Atempan adjudicó a su empresa abasto de gasolina por 2 mdp

El gobierno municipal de Herrera Oropeza convocó a Comercializadora Atempan SA de CV, su propia firma, para que participara

Mario Herrera Oropeza, antes de concluir su desempeño como presidente municipal de Atempan, entregó a su empresa Comercializadora Atempan SA de CV con un contrato por 2 millones de pesos.

El 22 de diciembre de 2017 el Ayuntamiento inició la adjudicación del servicio de abasto de combustible para las unidades oficiales, para lo que invitaron a cinco empresas, entre ellas la del otrora alcalde.

El gobierno municipal de Herrera Oropeza convocó a Comercializadora Atempan SA de CV, su propia firma, para que participara con una propuesta económica y en caso de que fuera la mejor opción, se quedaría con el contrato.

Además invitaron a las firmas Súper Servicios Chignautla SA de CV, Pama Estación de Servicio SA de CV, Naro de Puebla SA de CV, así como Gasolub Gasolinas y Lubricantes de Teziutlán SA de CV.

Al finalizar el análisis de las propuestas de las cinco participantes, el Ayuntamiento, ya en enero de 2018, decidió adjudicar el contrato por 2 millones de pesos a Comercializadora de Atempan SA de CV.

En el expediente MAP-TESO-2018-001, en poder del rotativo, quedó asentado que fungieron como testigos el tesorero municipal Víctor Hugo Saucedo y el contralor Javier Guerrero García, además del propio Mario Herrera.

El contrato consistió en que Comercializadora de Atempan SA de CV abastecería de combustible a los vehículos oficiales del 5 de enero al 10 de octubre del 2018, con lo que el mandatario municipal se benefició con los recursos públicos que él mismo ejercía como servidor público.

Confirman sociedad

En una consulta al Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía (SE), El Popular, diario imparcial de Puebla, constató que la compañía de referencia la conformaron el otrora alcalde y un socio, Jorge Carmona Ortega.

El alta de la empresa data del 30 de agosto del 2008 con domicilio fiscal en Tlatlauquitepec, en la que se especificó como área de trabajo la comercialización de combustibles que provee Petróleos Mexicanos (Pemex), como gasolina y diesel.

Además en los registros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aparece Comercializadora de Atempan SA de CV con dos permisos para operación de estaciones de servicio para la venta de combustibles, ambas ubicadas en el municipio que gobernó entre 2014 y 2018.

Ayer, en la primera entrega de la investigación, se documentó que Herrera Oropeza obtuvo contratos por 69.7 millones de pesos pese a que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla advierte de conflictos de intereses de parte de los funcionarios públicos.

El expresidente municipal en ese caso también violó la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla que indica los casos en los que empresas debe quedar impedidas de participar en una licitación cuando entre sus accionistas se encuentra un servidor público.

Con este nuevo hallazgo, Herrera Oropeza incurrió en una nueva violación pero ahora de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

De acuerdo con el artículo 77 de la norma de referencia, prevista en la Sección Cinco relativa a los impedimentos, alude que los comités municipales, dependencias y entidades se deberán abstener de contratar empresas cuando exista un funcionario con un interés en otorgar el contrato.

"Artículo 77. (…) se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato con las personas siguientes: I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa de los procedimientos de adjudicación y contratación, tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles,

"II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público," se leyó en la ley.

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