Lucía PÉREZ Corresponsal  El presidente municipal de Ixtacuixtla, Tomás Vásquez Vásquez, reveló que al menos 10 presidencias de comunidad se rehúsan a entregar las patrullas que tienen bajo su resguardo al Ayuntamiento, por lo que podrían incurrir en usurpación de funciones cuando hagan uso de esas unidades. Lo anterior aconteció a pesar de que la autoridad municipal solicitó a los 23 presidentes de comunidad que entregaran las patrullas que durante años habían sido asignadas, debido a que los requerimientos de la nueva ley de seguridad establece que los municipios son los responsables de brindar seguridad a la población y que a su vez están coordinados por el estado. El presidente municipal explicó que a pesar de ese acuerdo a la fecha aún están en manos de los presidentes de comunidad unas 30 patrullas, las cuales fueron adquiridas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), por lo que en cumplimiento a las nuevas disposiciones legales a nivel federal, deben ser regresadas al municipio para coordinar las acciones de seguridad. Por esta situación estas patrullas fueron reorientadas en el esquema de cinco sectores para garantizar la seguridad en todo el municipio; sin embargo, hasta el momento no todas las comunidades han cumplido con este acuerdo, pues al menos 10 se rehúsan a entregar las unidades. El edil indicó que las autoridades de comunidad que no han cumplido con la entrega de las patrullas pueden enfrentar un proceso penal por el delito de usurpación de funciones, al respecto explicó que esto podría incurrir “al momento de que utilicen estos vehículos oficiales en tareas que son ajenas a la seguridad pública, por no ser personal acreditado para portar estas unidades”, por lo cual las autoridades correspondientes tendrán la facultad de sancionar. En ese caso, dijo que la autoridad correspondiente es la Comisión Estatal de Seguridad (CES) la instancia que habrá de encargarse del asunto una vez que el municipio reporte el uso de ese bien público en actividades diferentes a las que no están destinadas, aunque, Vásquez Vásquez enfatizó que el gobierno del estado no ha iniciado ningún proceso contra los representantes comunitarios. No obstante, el presidente refirió que al momento de que utilicen estos vehículos oficiales en tareas que son ajenas a la seguridad pública, incurren en el delito de usurpación de funciones, por no ser personal acreditado para portar estas unidades, por lo que las autoridades correspondientes tienen la facultad de sancionar, aunque no precisó el nombre de las comunidades que persisten en mantener a su resguardo las patrullas municipales, el munícipe destacó que continúan a la espera de que las autoridades comunitarias entren en razón y puedan reorientar estas unidades para las tareas específicas de seguridad pública, pues señaló que la ciudadanía reclama servicio de seguridad las 24 horas del día, y esto no puede ser cubierto por los presidentes de comunidad, además que no cuentan con personal acreditado y pagado por el Ayuntamiento, al poner incluso en riesgo a la población.