CARLOS RAMÍREZ OAXACA, Oax.- El pasado lunes de Pascua, con la ciudad aún llena de turistas, las empresas camioneras de pasajeros urbanos decretaron un bloqueo de casi cuarenta puntos de la ciudad para paralizar su circulación. El bloqueo comenzó a las dos de la tarde y el gobierno estatal citó a los camioneros hasta las siete de la noche; los camiones se retiraron casi a las nueve. En varios puntos, ciudadanos hartos de la incapacidad oficial para mantener la vialidad indispensable, encararon a los paristas con insultos y golpes y obligaron al retiro de algunas unidades ante la amenaza de quemarlos, lo que ha ocurrido en otros problemas: ciudadanos que golpean a maestros que cierran calles, personas que agreden a marchistas. Los camioneros protestaron con el bloqueo usando unidades ante la negativa del gobierno estatal de mantener el aumento de 1 peso en el costo del boleto, que pasaría de 6 a 7 pesos. Oficialmente el secretario de Transporte, el panista Carlos Alberto Moreno Alcántara, dijo que el gobernador había autorizado el aumento para aplicarse en temporada vacacional, pero ante la protesta social se echó para atrás. Los camioneros le dieron al gobierno estatal un plazo de 48 horas para oficializar el aumento o volverían a paralizar la ciudad. Los ciudadanos están casi seguros que el aumento se decretará en las próximas horas. El caso de los camioneros es uno de muchos en donde el gobierno del estado es rebasado, aplastado y hasta humillado. Los sectores sociales con instrumentos de presión --maestros, transportistas, comerciantes, estudiantes, grupos guerrilleros y hasta vivales que disfrazan sus asaltos de causas sociales-- han impuesto su ley en un estado sin autoridad, aunque por las protestas sociales se han llegado a multiplicar los casos de guerras civiles moleculares (concepto de Enzensberger) donde se enfrentan a golpes ciudadanos contra ciudadanos, con una autoridad incapaz de mantener el orden social mínimo. El bloqueo de camiones en la ciudad capital afectó, de acuerdo con medios locales, a más de 400 mil personas. Los propietarios de los camiones urbanos han estado siempre en el centro de los conflictos por alza de tarifas sin garantizar mejoras en el servicio; pero hay que anotar que el llamado pulpo camionero urbano está dirigido por priistas en un estado gobernado por la alianza PAN-PRD. De ahí que la guerras civiles moleculares haya derivaron en una “guerra de todos contra todos”, sin que el Estado pueda garantizar la estabilidad y el bienestar. El hartazgo social carece de salidas políticas; el PRI fue derrotado en la elección de gobernador del 2010 por la alianza PAN-PRD pero el gobernador aliancista Cué Monteagudo gobierna sólo para los intereses de la Sección 22 de maestros, cuyos objetivos son las de obtener cada vez más beneficios con cargo al presupuesto. La gravedad de la crisis oaxaqueña radica en el fracaso del sistema de partidos y la toma de decisiones en función de la capacidad de grupos sociales para presionar al gobierno estatal reventando la estabilidad social. El grado de desinstitucionalización social en Oaxaca se percibe por el hecho de que los grupos sociales afectados por los grupos de interés organizados han llegado a la conclusión de que la violencia política de organizaciones sólo puede ser enfrentada con la violencia social de la sociedad afectada; ello ha ocurrido con padres de familia que enfrentan con violencia a los maestros de la 22 o comerciantes de la Central de Abasto que enfrentaron a golpes a los camioneros. Lo más grave es la pasividad gubernamental. Los camioneros violentaron el título de concesión al usar los camiones para sitiar la ciudad sin que ninguna autoridad les levantara siquiera una multa. Las guerras civiles moleculares en Oaxaca preparan el gran estallido social. [email protected] @carlosramirezh