De los 720 mil pesos que el Congreso local autorizó para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en este año, sólo se han utilizado 100 mil pesos Lucía PÉREZ Corresponsal Fotos: Archivo Agencia  Casi el 20 por ciento de los casos de personas víctimas de algún delito, en lo que va de la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tlaxcala, ha sido resuelto a través de la mediación, con un total de 177 asuntos, así lo dio a conocer la vocera de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el estado, Mary Cruz Cortés Ornelas. La funcionaria estatal expuso que en total, el Registro Estatal de Víctimas reportó la integración de 895 personas, cuyos casos han sido resueltos a través de la conciliación un total de 177, es decir, apenas el 19.77 por ciento, y unos 215 no será posible resolverlos a través de ese mecanismo, ya que están considerados como asuntos de tipo grave, lo cual representa el 24 por ciento del total. Además, dio a conocer que de los 720 mil pesos que el Congreso local autorizó para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en este año, se han gastado unos 100 mil pesos en asistir o reparar el daño de manera económica a tres personas, así como en gastos médicos, traslados o alojamiento de salvaguarda de otras más. Ahí, Cortés Ornelas sostuvo que este nuevo sistema penal “garantiza asesoría gratuita y permanente a las víctimas del delito y busca equilibrar los derechos de las víctimas y restaurar la confianza en las instituciones, pues el acompañamiento durante todo el proceso es todavía más importante que una reparación económica”. Eso sí, recalcó, que en este sistema la cárcel no es necesariamente la sanción al responsable del delito, sino encontrar mecanismos de medicación para reparar el daño, por ahora sólo en los casos de transgresiones de bajo impacto. La funcionaria subrayó que el nuevo marco que deberá operar en todo el país a partir del 18 de junio de 2016, brinda por primera vez una serie de derechos a las víctimas y sus familiares, como la reparación del daño antes de que termine el proceso, atención médica y psicológica, voz y protección, además de un lugar digno en las salas de audiencia y de ser necesario, la autoridad competente deberá proporcionarle alojamiento para salvaguardar su integridad. En ese sentido, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos, Leonardo Lima, reveló que del Registro Estatal de Víctimas, 228 han sido atendidas de forma psicológica y 27 canalizadas al Sistema Estatal DIF, mientras que las principales denuncias al Nuevo Sistema de Justicia son lesiones, daño a las cosas y amenazas. Puntualizó que muchos de los casos de lesiones que se atienden, tienen su origen en problemas de violencia familiar, por lo que esos y otros delitos considerados de mayor impacto se encuentran entre las 718 víctimas, cuyos asuntos están en trámite de judicialización, a efecto de que sea un juez el que tipifique la infracción. |
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