Sábado 14 de Noviembre de 2015
RODRIGO ROSALES ESCALONA Por décadas, el costo social de la con­flictividad en México, no es otra cosa que la descripción de la violencia que sigue marcando las relaciones políti­cas en nuestro país. Independientemente de una supuesta restauración política y de una supues­ta democracia, hay una serie de aspectos que se están percibiendo en cuanto al padecimiento social. Una violencia política que, según indi­can las cifras, se dirige principalmente de arri­ba hacia abajo, siguiendo un esquema tradicio­nal y reproduciendo una forma de dominación que la retórica modernizadora no puede ocultar. En México, la lucha social y política conti­núa resolviéndose en buena parte por la vía de la represión, por medio un lento y conti­nuo exterminio de activistas y luchadores, en su mayoría campesinos, que debilita la resis­tencia pacífica y fomenta el recurso a la resis­tencia armada social; aunque, con la guerra cal­deronista declarada a los carteles del narcotrá­fico, que a causado miles de muertos y despa­recidos, ha dado origen a otros grupos civiles armados para su defensa y protección, ante la ineptitud del gobierno federal. Aunado a ello, las luchas magisteriales por mantener vigen­te una educación necesaria para el país, y no como lo dicen los tecnócratas. Los movimien­tos campesinos e indígenas por proteger sus tierras contra capital extranjero y nacional, por fincar en sus tierras, minas, posos petroleros, platas hidroeléctricas, etcétera. Agregando, otros agravios más contra la clase trabajadora. El proceso de privatización de servicios médicos en el IMSS e ISSSTE, así como tam­bién eliminar los beneficios sobre pensiones y jubilaciones “dignas”, mediante imponer a lo más corrupto en las Afores, quienes saquean los ahorros de toda la clase trabajadora, dejándolas en el desamparo. Mientras que los grandes inversionistas en estos negocios, invierten nues­tro capital de ahorro, para lograr una plusva­lía insultante, dejando micro migajas al pueblo. Una realidad innegable que no desaparece por el simple hecho de decreto ni de una supuesta demo­cracia que no termina de encajar, cuando la cultura política autoritaria federal o en los gobiernos estatales como Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Pue­bla, Chiapas, por decir unos cuantos; los cacicazgos locales, la impunidad, la militarización y la paramili­tarización de amplias regiones del país siguen trazan­do la geografía y la historia de los conflictos sociales. Vivimos, entonces, la paradoja de un sistema en un contexto de violencia política y económica, don­de a la verdadera oposición social y el disenso se res­ponde con la fuerza, donde la razón del Estado y los intereses privados y fácticos se entremezclan y ahogan un Estado de Derecho que no acaba de nacer. La con­vivencia social, en estas condiciones paupérrimas, no se puede medir por la institucionalización del llama­do “sistema político” o por la eficacia de políticas de “gobernabilidad” dirigidas a neutralizar los conflictos sociales. Los conflictos son la esencia de una sociedad compleja, libre y democrática, donde no se nieguen las diferencias y se reconozcan las injusticias, ni se repri­man los movimientos dirigidos a la defensa y la con­quista de derechos sancionados por legisladores nacio­nales e internacionales. Los conflictos sociales, repre­sentan la tensión de una colectividad hacia un orden más justo, siendo que las estructuras políticas y eco­nómicas, por sí solas, no se mueven en esta dirección. Un ejemplo de la impunidad y corrupción, es que los diputados podrán utilizar, sin explicar para qué, cerca de 20 mil millones de pesos del ejercicio presupuestal del 2016. Es decir, no se sabrá a dónde estará destinado el dinero. Mientras se desvían millones de pesos del presu­puesto federal o estatal, en obras sin sentido alguno, sin costo real social, excluyendo al pueblo de una vida digna, así como también, tenemos que unos 218 mil niños, niñas y adolescentes poblanos, el 13.64 por cien­to del total de entre 5 y 17 años, dedica su tiempo a tra­bajar, lo que coloca al estado en el tercer lugar a nivel nacional con esta problemática. Y de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), a través del estudio “La Infancia Cuenta 2015”, 8 de cada 10 menores no recibe una remuneración o sus ingresos son por debajo del salario mínimo. Por lo tanto, hay que rechazar a quienes acu­san o criminalizan a los conflictos y movimien­tos sociales –rasgos típicos del discurso conser­vador– pera, en cambio, defender las razones de la conflictividad en México y oponerse firmemente a la solución violenta con la cual se intenta “normalizar” al país. Ahí están los 43 normalis­tas, Ajalpan, Chalchihuapan, Pasta de Conchos, Aguas Blancas, El Charco, y un largo etcétera. rodrigo.ivan@yahoo.com.mx Analista político y de prospectiva social.