Miércoles 09 de Diciembre de 2015 |
Lucía PÉREZ Corresponsal  Con la despenalización de las drogas en México podrían disminuir los efectos negativos que su uso representa en la sociedad, consideró el exombudsman del Distrito Federal, Luis de la Barreda Solórzano, durante su participación en la conferencia magistral La Despenalización de las Drogas, organizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Tlaxcala. Barreda Solórzano mencionó que las autoridades, no sólo del Estado Mexicano, sino a nivel mundial, tienen intereses particulares que provocan que el uso con fines recreativos de la marihuana sea ilegal, por lo que se pronunció por su despenalización. La conferencia magistral fue organizada por la CEDH en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, en donde participó el actual coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El especialista refirió que países en los que se ha legalizado la marihuana, su consumo ha disminuido con el paso del tiempo. Aunado a ello, refirió que el combate contra las drogas en México ha dejado más de 80 mil muertos y al menos 20 mil desaparecidos. Agregó que del 100 por ciento de los internos en los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos), el 60 por ciento son hombres y el 80 por ciento mujeres, quienes se encuentran recluidos por delitos contra la salud. Al concluir su ponencia, donde expuso argumentos en favor de legalizar la marihuana, Barreda Solórzano destacó el debate que se realizará a nivel nacional estará encabezado por Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y conocedor de temas relacionados con la salud. Insistió en que el debate permitirá conocer los beneficios de legalizar su uso, no sólo con fines medicinales sino recreativos, “la legalización obedece a dos razones importantes, una que la prohibición no ha logrado los objetivos que se plantearon y que ha conseguido daños terribles en vidas humanas en producción de muertes”. Reconoció que las autoridades también tienen intereses particulares en que permanezca su penalización, ya que de legalizarse se perderían empleos bien remunerados como el de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU, la Administración para el Control de Drogas (DEA) por sus siglas en Inglés y en general los cuerpos de seguridad que combaten estos ilícitos. “Pero no sólo las autoridades, sino los traficantes de armas, que les deja ganancias millonarias a los delincuentes, pues en su combate se pierden miles de vidas por disparos de armas de fuego”. |
