Sábado 26 de Diciembre de 2015
GUSTAVO ALANÍS ORTEGA* Gran júbilo causó en París en días pasa­dos haber llegado a un acuerdo inter­nacional para intentar, como supues­tamente lo viene haciendo la comuni­dad internacional desde 1992, reducir las emi­siones que producimos de gases de efecto inver­nadero y poder así seguir con el crecimiento y el desarrollo de las naciones utilizando cada vez más energías limpias que nos permitan ser eco­nomías bajas en carbono. Lo pactado en París, es un acuerdo político (no contempla sanciones para el que no cum­pla) que tiene por delante un muy largo cami­no por recorrer, ya que por principio de cuentas entrará en vigor hasta 2020. ¿Quién nos pue­de asegurar que para entonces las naciones ten­drán la voluntad política para impulsar y forta­lecer lo hoy acordado? Entre los pendientes, no quedó claro cuáles serán los mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de las Contri­buciones Nacionales Determinadas de los paí­ses (INDC) y así cumplir con la meta de que el aumento de la temperatura media global del planeta no supere los 2°C. En este mismo sentido, queda pendiente el tema de monitoreo, reporte y verificación (MRV). Aunque se señala en el acuerdo que se tiene que monitorear el cumplimiento de las INDC cada 5 años, así como el que se profun­dicen dichos compromisos, resulta fundamen­tal que la contabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero se realice a través de una metodología común que haga medible y com­parable todas las emisiones que se producen en un territorio con las del resto del mundo. ¿El fondo verde ya propuesto contará con los fondos necesarios y suficientes para transitar de las energías fósiles a renovables? Entre las cuestiones más rescatables derivadas de la COP 21 están los compromisos de inversionis­tas de todo el mundo, incluido Bill Gates y empre­sas como Facebook y HP, así como una docena de gobiernos, de destinar varios millones de dólares a la producción de energía limpia, específicamente solar y eólica. En lo que se refiere a recursos finan­cieros, los líderes de seis países (Francia, Alemania, Chile, México, Etiopía y Canadá) y el Banco Mundial pidieron a todas las economías del mundo poner un precio a las emisiones de dióxido de carbono para combatir el calentamiento planetario. Asimismo, un grupo de 40 países –entre ellos Alemania, Chile, Estados Unidos, Francia, Méxi­co, Perú y Uruguay– solicitó que se reduzcan los 500 mil millones de dólares que los gobiernos destinan anualmente como subsidios a los com­bustibles fósiles, un subsidio perverso que no nos permite transitar energéticamente como México ya lo debería estar haciendo. Si bien nuestro país fue el primero en enviar su lista de INDC –que se refiere a las acciones concre­tas que cada país se compromete a llevar a cabo a fin de reducir sus emisiones de gases efecto inver­nadero–, e incluyó diversas actividades en materia de generación de energía y transporte, debemos evi­tar que estos objetivos sean ambiguos. Nuestro país debe contar con una hoja de ruta y una planeación muy específica sobre qué forma, en qué plazos y con qué recursos presupuestales se piensa cumplir con estos compromisos internacionales. Un puente natural para lograr lo anterior es la Ley de Transición Energética, aprobada ya por el Con­greso, y que pudiera considerarse el principal ins­trumento que permitirá a México cumplir con sus compromisos de generar 35 por ciento de la ener­gía a partir de fuentes renovables para 2024. Esta ley es clave para impulsar en México las inversio­nes con energía eólica y solar, que permitan al país dejar atrás la dependencia del petróleo y convertir­se en una economía baja en carbono. Al final del día, lo que está en juego es la vida, la salud, la calidad de vida de las personas así como el entorno natural que nos rodea y del cual depende­mos todos. No podemos olvidar la alta vulnerabili­dad que tiene nuestro país ante los desastres natu­rales cada vez más presentes y con mayor fuerza, como ha sido el caso en los últimos años ante la pre­sencia de inundaciones e huracanes inusuales. Hay una responsabilidad compartida, no todo le toca al gobierno, y cada quien debe asumir lo que le corres­ponde. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? * Director General del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.