TRABAJA COMO titular de la secretaría de Gobierno en Puebla con Rafael More­no Valle, pero Diódoro Carrasco tiene sus propios intereses en Oaxaca, donde apo­ya al empresario Gerardo

Gutiérrez Can­diani, aspirante del PRI en aquel estado. Gutiérrez Candiani trae apoyo fuerte en dis­tintos partidos, y de ser abanderado priis­ta pondría en aprietos a la alianza PAN-PRD…, que, por lo demás, es la misma alian­za partidista que busca Moreno Valle en Puebla. ¿Cómo la ve?

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A RICARDO Adrián Rodríguez le da pena ¿o miedo? rendir en presencia de los medios, su informe como presidente del Tribunal Electoral del Estado de Pue­bla. Las sesiones deben ser públicas, pero él determinó que sólo asistieran magistra­dos y personal. Informó, en menos de lo que canta un gallo, que en 2015 resolvie­ron 54 juicios.

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Y EN España liberan al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, sin fianza, y sin pasaporte. Ya sabe usted que lo acu­san de lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y orga­nización criminal. Él insiste en que sus recursos son lícitos..., y todos los políticos priistas callan. ¿Cuáles son sus ligas con los priistas poblanos?

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ALERTA: EN Puebla no se ha registrado nin­gún caso de la Zika, pero el subsecretario de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, José Mario Márquez, no descartó que pueda llegar al estado; se trata de una enfermedad que genera fiebre, conjuntivi­tis severa, salpullido y dolor de cabeza.

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CAMBIOS, CAMBIOS: la Fiscalía Gene­ral del Estado de Puebla realizó ajustes de organigrama: Víctor Antonio Carrancá, fiscal general, designó a Enrique José Flo­ta Ocampo, como fiscal de Asuntos Jurí­dicos y Derechos Humanos; a Fernando Rosales Solís, como fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto; a Gustavo Luis Huerta Yedra, como fiscal de Investigación Regional, entre otros.

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EN TLAXCALA se pudieron exigentes: la delegación de la Procuraduría General de la República informó que al entrar en vigor la Ley Federal para Prevenir y Sancio­nar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, las penas para quienes sustraigan, posean y vendan hidrocarburos serán más severas. Se sancionará con penas de 15 a 25 años de prisión y multa de 15,000 a 25,000 días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos a quien, por ejemplo, “sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquí­micos, de ductos, vehículos, equipos, instala­ciones o activos, sin derecho y sin consen­timiento de asignatarios, contratistas, per­misionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley”.