• ¿Cuándo se actuará contra gobernantes que aman la corrupción?
• México desoye al FMI; no creará un consejo fiscal...
• El Ejército y el CNDH, caminos cruzados ante el crimen organizado

La percepción sobre inseguridad en México aumentó 1.9 por ciento, con respecto a la medición que se realizó septiembre del año pasado, ya que en este 2016 se ubicó en 71.9 por ciento, reveló un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con el instituto, al concluir el mes de septiembre, 72 de cada 100 mexicanos se sintieron inseguros en su ciudad. De igual forma, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2016 del Inegi reveló que Ecatepec, la región oriente de la Ciudad de México, Coatzacoalcos, Acapulco y Villahermosa son las ciudades que se perciben como las más inseguras... La encuesta reveló que 79.6 por ciento de la población de 18 años se siente insegura cuando acude a los cajeros automáticos. El 71.7 por ciento se siente insegura en el transporte público, 65.9 por ciento en el banco y 62.5 por ciento en las calles que habitualmente usa. Cabe destacar también que 65.7 por ciento de los encuestados presenció el consumo de alcohol en las calles. 62.9 por ciento fue testigo de un robo o asalto, 54.4 por ciento vio vandalismo, 42.4 por ciento el consumo de drogas, 36.9 por ciento vio a bandas o pandillerismo y el 33. 3 por ciento fue testigo de disparos con armas de fuego... En ese escenario de inseguridad y violencia que se vive en el país, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Fernando Herrera, dijo que en breve buscará hablar con su compañero senador, Jorge Luis Preciado, porque no midió los alcances de su propuesta de ley, la cual plantea la autorización de portar armas a los ciudadanos. Si bien el exaspirante a la gubernatura de Colima, hizo uso de su derecho de presentar una iniciativa y los senadores tienen el derecho de apoyarlo, esa no es la postura ni de la fracción parlamentaria, ni de su partido. Y es que el senador dijo que para combatir la inseguridad se necesitan otros mecanismos pero también aprovechó para reprochar al gobierno federal de la falta de inteligencia para aplicar las leyes y dijo que la falta de confianza en las instituciones también contribuye a que el problema se agudice.

La sociedad se sigue preguntando cuando van a empezar a actuar en contra de aquellos gobernantes que se han caracterizado por su amor a los actos de corrupción, pues al margen de que el PRI haya decidido la suspensión de derechos como militante al todavía Gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa está considerada como un mensaje anticorrupción incompleto... Otros nombres más como de los ex gobernadores César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, no han sido llamados a cuenta a pesar de que es del dominio popular sus tropelías y excesos en el manejo de los recursos del pueblo.

El gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respondió que México seguirá el camino que se marcó con las políticas macroeconómicas actuales, pero agradeció al Fondo Monetario Internacional (FMI), por la sugerencia de crear un consejo fiscal... La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, detalló que la política fiscal tiene una serie de auditorías de mercado, como el hecho de que los inversionistas confíen en la estabilidad macroeconómica y en la prudencia con la que se ha manejado la política de deuda... Ante la inconformidad que ha generado el recorte económico en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para 2017, un grupo de gobernadores de extracción perredista, entre ellos: Gabino Cué Monteagudo de Oaxaca; Graco Ramírez Garrido de Morelos; Arturo Núñez de Tabasco; Silvano Aureoles Conejo de Michoacán y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Miguel Ángel Mancera, encabezados por la dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, se reunieron en la capital de la República en la semana, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, para intercambiar puntos de vista en torno al ya citado recorte presupuestal. Lo que los gobernadores emanados del PRD han puesto sobre la mesa es que los recortes se dieron con una tendencia eminentemente partidista…

El reto del crimen organizado al Estado se ha puesto en evidencia en los últimos tiempos, más que en el pasado. Durante los funerales de los cinco militares acribillados por una célula del crimen organizado, en Culiacán, Sinaloa, cuando trasladaban a Julio César Ortiz Vega, a) El Kevin, en una ambulancia, de Badiraguato a la capital sinaloense, el general Salvador Cienfuegos, hizo una serie advertencia a los grupos criminales, de que el crimen no quedaría impune. Sin embargo, como lo hemos comentado en este espacio, el crimen de los militares que cimbró a México, además por el uso de explosivos que calcinaron materialmente vehículos y provocaron heridas de gravedad a otra decena de elementos, difícilmente será cobrado como corresponde a las fuerzas castrenses, ante la mirada inquisitoria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus similares, que se han perfilado ya como viles defensoras de los derechos… pero de los delincuentes. Por ello, no fue descabellada la petición que hicieron algunos familiares de los fallecidos, para que dichos organismos defiendan a las víctimas. En las redes sociales circula una especie de poema en el cual le preguntan a la CNDH de qué lado está, ante tantos balandronadas e informes cuestionables. No obstante, lo que más ha lacerado a los mexicanos es el triste papel de algunas corporaciones policiales, justamente como las locales de Culiacán, que más que cumplir con su función de salvaguardar la seguridad ciudadana, sirven como "halcones" de los grupos criminales.

Y hablando de derechos humanos. Finalmente la Procuraduría General de la República, cayó en el juego de la llamada Comisión de Víctimas de Nochixtlán, que encabeza la maestra chiapaneca, Juana Ramón Solís y cilindrea a placer, el ajonjolí de todos los moles: Maurilio Santiago Reyes, dirigente y guía moral del Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Asesoría de los Pueblos Indígenas (CEDHAPI). Éste se ha asumido como abogado de las víctimas -¿también de los policías heridos?- y frente al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se sacó de la manga la burrada de decir, que los muertos de la comunidad mixteca, el 19 de junio, había sido "ejecuciones extrajudiciales". Y decimos que la PGR cayó en el juego, pues tuvo que acceder a la presión de entregar el informe de las pesquisas en Nochixtlán, como condición para que los peritos pudieran hacer su trabajo, pues simplemente no los habían dejado entrar en dicha comunidad. Dado que estos grupos no conocen los acuerdos, mucho menos los pactos de caballeros, se negaron nuevamente a que los enviados de la PGR hicieran su trabajo, con la burrada de que "no llevaban los elementos para realizarlo". Ahora hasta criminalistas salieron… Por supuesto que la acción es un plan con maña. En principio, se trata de prolongar el hallazgo de la verdad, para seguirle sacando lana al gobierno federal. Ya les dieron 4.5 millones de pesos, pero quieren más. Y en segundo lugar, porque al darse cuenta de la responsabilidad de las organizaciones infiltradas, que agredieron con armas de fuego a la Policía Federal y a la Estatal, es evidente que tratan de encubrirlas. En el fondo, de lo que se trata es de proteger a los verdaderos criminales. Así, el caso Nochixtlán será como el de Ayotzinapa: una historia sin fin, que hay que abrir para obtener dádivas y prebendas. Si no lo creen, hay que preguntarle a Maurilio Santiago, que amenaza con llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y es que como comentamos la semana pasada, en efecto, este tema lleva el estigma de convertirse en una historia sin fin. Es decir, la permanente piedra en el zapato para el gobierno de Enrique Peña Nieto.